Tasas, aborto y Código Penal protagonizan legislatura que acabó con Gallardón

Tasas, aborto y Código Penal protagonizan legislatura que acabó con Gallardón
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Las tasas judiciales, el aborto y el Código Penal han protagonizado cuatro años de polémicas para el Ministerio de Justicia cuya legislatura será recordada, no obstante, por dos hechos clave: la introducción en España de la prisión permanente revisable y el fin de la carrera política de Alberto Ruiz-Gallardón.

Pero Justicia saca músculo con las 31 leyes aprobadas de una agenda tan reformista como complicada debido a la tensión y a la ruptura entre el exministro y los operadores jurídicos, con el telón de fondo de múltiples casos de corrupción y el desafío soberanista en Cataluña. Asuntos en los que Justicia se tuvo que 'mojar'.

Con ese escenario se encontró Rafael Catalá, una vez que Gallardón se vio forzado a dimitir en septiembre de 2014 tras verse desautorizado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reforma del aborto que, finalmente, se aprobó tan solo con la prohibición de que las menores puedan interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno. Ni rastro del texto de Gallardón que era, por cierto, un compromiso electoral del partido.

Con su dimisión, el exministro puso también fin a su carrera política. Nadie como él defendió con tanta vehemencia un tema tan sensible para la opinión pública como el aborto. Se quedó solo o más bien, como apuntan compañeros de su partido, le dejaron solo.

Su legado legislativo se ciñe principalmente a la Ley de Tasas Judiciales y al nuevo modelo del Consejo General del Poder Judicial, si bien ambas normas fueron modificadas por su sucesor que, de esta forma, se distanciaba de los planteamientos del exministro. No fueron los únicos cambios.

La contrarreforma de la Justicia impulsada por Catalá implicó también la renuncia a la reforma de la Justicia Gratuita y a la entrega de la gestión del Registro Civil que Gallardón había encomendado a los registradores. "Pocas leyes pero buenas y con consenso", marcó el ministro en su 'hoja de ruta'.

Catalá basculó, acercó posturas y en un tiempo récord sacó adelante 14 leyes, aunque menos ambiciosas y de menor calado que las proyectadas por su antecesor. Salvo una, el Código Penal.

Tachada por la oposición como "cadena perpetua", la prisión permanente revisable, reservada para los crímenes más execrables, ha acaparado junto con las tasas judiciales las más duras críticas hacia Justicia.

Se da la circunstancia de que ambas han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional, si bien las tasas a las personas físicas fueron eliminadas por Catalá, no así a las pymes.

Del Código Penal se espera también que sea la herramienta principal para combatir la corrupción que tantas portadas ha acaparado en los medios de comunicación estos cuatro años.

El texto tipifica por vez primera el delito de financiación ilegal de partidos, endurece las penas de inhabilitación para los corruptos y obliga a los condenados por corrupción a devolver todo el dinero para optar a la libertad condicional. Pero hay más.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal sustituye el término imputado por investigado en la fase de instrucción, que pasará a denominarse 'encausado' tras el auto formal de acusación, y pone fin a las 'penas de telediario' que sufren muchas personas en el momento de la detención, véase el caso de Rodrigo Rato. No combaten la corrupción pero no se explican sin ella.

Aunque la polémica con esta norma se centra en los límites a la instrucción judicial, 6 meses para causas sencillas y 18 para las complejas. Precisamente este punto ha puesto en pie de guerra a jueces y fiscales que tendrán que revisar miles de procesos abiertos para calificarlos. Y no andan sobrados de recursos.

Las nuevas medidas contra el terrorismo yihadista, el aforamiento del Rey Juan Carlos, la inscripción de los nacimientos y defunciones en el Registro Civil desde los hospitales, la concesión de la nacionalidad a los sefardíes, las bodas y divorcios ante notario y el fin del papel en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016 son otras de las grandes novedades que deja la legislatura.

Por el camino se quedaron los Tribunales de Instancia, el fin de los partidos judiciales y, sobre todo, la entrega de la instrucción judicial al fiscal. Una revolución de tal envergadura tendrá que esperar.

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