`Sada aplicará con carácter inmediato los criterios contra la exclusión social en contratos públicos

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El anuncio que hizo el Gobierno local de Sada a pocos días para cerrar el ejercicio 2015 y que fue aprobado en el último pleno ordinario del pasado año será ya una realidad a partir de ahora. Es decir, los pliegos que se redacten, correspondan al órgano de contratación que sea, ya llevarán explícitas las llamadas cláusulas sociales, que están encaminadas, entre otras cosas, a combatir la exclusión social.
Pero es mucho más. Es medio ambiente, es igualdad entre hombres y mujeres y es comercio justo. Y también favorecerá, siempre que así se disponga, a los centros especiales de empleo y al trabajo de calidad, puntuando más a aquellos que ofrezcan puestos indefinidos y a jornada completa.
Estas cláusulas, señalaba entonces el alcalde, Benito Portela, “son moito máis obrigadas nunha situación caracterizada por un alto nivel de desemprego e precariedade nas relacións laborais, con especial afectación negativa no xénero femenino, colectivos minorizados ou en situación de exclusión social”. Esto es, que las condiciones que se impondrán en los pliegos para adjudicar los contratos públicos del Ayuntamiento se encaminen a mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos “e non se queden na conta dos resultados das empresas”, como subrayó el regidor.

intereses generales
Esta iniciativa del Gobierno local, y autorizada esta misma semana por el secretario municipal, dice que este procedimiento, “ademais de asegurar un medio para a provisión de bens e servizos” debe permitir “artellar as bases do modelo de sociedade e de mercado coa manifesta finalidade de servir aos intereses xerais da cidadanía e en defensa dos intereses e necesidades dos colectivos máis desfavorecidos”.
En este sentido, afirma la instrucción, la finalidad de la contratación por parte de una institución como el Ayuntamiento “non pode estar dirixida exclusivamente a conseguir a realización de obras, a prestación de servizos ou a obtención de subministración a prezo económico” sino que debe encaminarse, añade, a asegurar que la contratación se dirija “ao interese social e público asociado a toda administración pública”.
Así, esa finalidad, dice, “debe garantir o obxectivo de consecución de finalidades sociais e ambientais, igualdade de homes e mulleres, inclusión social e de comercio xusto”.
En cuanto a este último punto y al aspecto medioambiental, se expone que ambos aspectos “deben tamén acompañar á contratación pública como mandato aos poderes públicos de aposta pola  sostibilidade medioambiental e respecto polas relacións económicas fundamentadas no comercio xusto e equilibrado das relacións entre produtores, intermediarios e prestadores de bens e servizos”.

`Sada aplicará con carácter inmediato los criterios contra la exclusión social en contratos públicos