La Xunta solicita la ayuda ciudadana para localizar vertidos en la ría

Ante la dificultad de localizar el origen de los hidrocarburos que amenazan constantemente la ría, a Gonzalo Mosqueira, director de Augas de Galicia, no le ha quedado más remedio que solicitar la colaboración del público. El organismo de la Xunta recalcó que en los últimos cuatro años, intensificó los controles en los puntos de vertido inventariados y en las principales industrias de la zona y señaló que la situación de la ría es mucho mejor de la de hace cuatro años. Aún así, lo cierto es que en los dos últimos meses los mariscadores apenas han podido trabajar por culpa de los vertidos y que su origen continúa siendo un misterio.

Para solucionarlo, es vital que “entre todos os entes implicados, en colaboración cos mariscadores e cor resto da cidadanía, se consiga toda a información posible, como resultados de mostraxes, información metereolóxica, de correntes, das mareas, e a actividade portuaria e industrial”. El 9 de marzo, la Consellería de Mar y la cofradía de mariscadores ya firmaron un acuerdo por el que colaborarían en estas pesquisas, puesto que el cierre de toda la zona a la pesca, desde la cala de Dexo a la punta de Alaba, les abocaba a la inactividad.  

Por su parte, Augas de Galicia cuenta con un plan de control de vertidos que incluyen una intensa campaña de inspecciones en la ría de O Burgo, en los municipios de Cambre, Oleiros, Culleredo y la propia A Coruña. Entre este año y el pasado se hicieron 141 inspecciones y 51 tomas de muestra, incluidos los puntos de vertido que ya fueron identificados y en otras zonas para poder detectar nuevos aportes.

Porque no se trata de un hecho aislado: desde el año pasado se vienen detectando de forma cíclica valores elevados en hidrocarburos, y por su parte, la Xunta ya había establecido un grupo de trabajo entre las distintas administraciones con competencias en la zona y la materia, como el el Instituto Tecnológico para el Control do Medio Mariño (Intecmar).

Quien contamina, paga

Mosqueira asegura que los investigadores siguen tratando de localizar a los autores de los vertidos para poder hacerles responsables de las compensaciones por los daños causados, siguiendo el principio de “quen contamina paga”. Pero los mariscadores temen que se produzca en cualquier momento un nuevo cierre.

Según los cálculos del presiente de la agrupación d ea pie, Andrés Pena, cada asociado perdió desde el 9 de marzo y antes del lunes “de 1.400 a 1.500 euros”, teniendo en cuenta la temporada fuerte por las celebraciones.