La fiscal considera que la trama “Gurtel” hizo de los sobornos un “modo de vida” y financió al PP

Imagen tomada de un monitor de la sala de prensa de la Audiencia Nacional | jj guillén (efe)
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La fiscal Concepción Sabadell declaró ayer en su informe final en el juicio del caso “Gurtel” que la trama liderada por Francisco Correa hizo de su enriquecimiento mediante sobornos y comisiones a cargos públicos del PP “un modo de vida” y sirvió para financiar a este partido.
La Audiencia Nacional inició ayer la fase de informes finales del juicio de la primera época de la trama “Gurtel” (1999–2005), comenzando por la fiscal, que mantuvo que hay pruebas para condenar a los 37 acusados, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, para quien solicita 39 años de prisión. “Tras una ardua instrucción y un complejo juicio –que empezó hace más de un año– se han confirmado los indicios y se han comprobado los hechos con una abrumadora y contundente prueba” incriminatoria para los 37 acusados, comenzó diciendo la fiscal.


Recordó que el propio Correa, para quien la fiscal pide la máxima pena, 125 años de prisión, “involuntariamente” habló del “sistema” para referirse a su intermediación entre cargos públicos y empresas, y asegurar la adjudicación de contratos a cambio del tres o el cuatro por ciento de comisión, “lo que fue un modo de vida duradero de esta organización constituida para delinquir”.
Abundó en que a tal fin los acusados crearon “un entramado societario y usaron “una caja B, una tesorería oculta, que se nutría de ingresos de las sociedades del grupo de Correa y de comisiones ilegales y que generaba dinero negro opaco a Hacienda para sobornos a autoridades públicas, en dinero en metálico o en forma de viajes pagados”.

Arcas públicas
Dijo que de esta forma “esquilmaron arcas públicas” con un sistema de corrupción en perjuicio de la concurrencia legal de empresas, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Majadahonda. Concretó que la trama consiguió contratos públicos por ocho millones de euros por los que se pagaron más de un millón en comisiones. En el caso de Majadahonda, dijo que “es un claro ejemplo de cómo una organización parasita un Ayuntamiento” para beneficio de sus integrantes y para “financiar y ahorrarle costes al PP”. La fiscal indicó que los implicados en la parte de la trama de Majadahonda, entre ellos el exalcalde Guillermo Ortega, para quien pide 50 años de prisión, “usaron el consistorio para su puro enriquecimiento personal y decidían qué se contrataba, a quién y por qué precios”, relegando a todas las personas que no participaban del entramado.


Por otra parte, en el caso de Pozuelo de Alarcón (Madrid), relató que el exconcejal Roberto Fernández, para quien pide once meses de prisión, “dijo cómo se contrataba en este Ayuntamiento cuando era alcalde Jesús Sepúlveda, quien seleccionaba las empresas adjudicatarias para adecuar luego los trámites a las mismas”. La fiscal pide para Sepúlveda 15 años y reclama a su exmujer, la exministra de Sanidad Ana Mato 28.468 euros como partícipe a título lucrativo, mientras que al PP le exige el pago de 328.440 euros por el mismo tipo de responsabilidad civil.
En el entramado societario “Francisco Correa era el jefe, Pablo Crespo –para quien la fiscal pide 85 años–, su mano derecha y José Luis Izquierdo –que se enfrenta a una petición de 45 años de cárcel– el gestor de la Caja B”, indicó Concepción Sabadell.

La fiscal considera que la trama “Gurtel” hizo de los sobornos un “modo de vida” y financió al PP