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viernes | 19 abril | 2024
El grupo parlamentario socialista ha presentado una proposición de ley en la que pide reformar la concesión de indultos debido a la "oleada de indignación que recorre" el país, la corrupción política y económica así como la sensación de impunidad de los delincuentes de "cuello blanco".
La iniciativa que los socialistas han registrado en el Congreso, de modificación de la ley relativa a ejercicio de la gracia de indulto, está "orientada a precisar las razones de justicia, equidad, o utilidad pública que concurren en la concesión del indulto a juicio del Gobierno", afirma el portavoz socialista de Justicia, Julio Villarrubia, en un comunicado.
La proposición persigue, añade el diputado del PSOE, que también se "impida indultar en delitos de corrupción y otros delitos".
El texto entregado ante el Registro de la Cámara Baja solicita la nulidad de los indultos en que no se haga mención expresa a la pena sobre la que se aplica y a las razones del Gobierno para otorgar esta medida de gracia.
Además, el documento pide que sea exigible que, a juicio del magistrado o tribunal, existan motivos de equidad, justicia o utilidad pública en la concesión de indultos totales o parciales relacionados con delitos contra la Hacienda Pública, Administración de Justicia y Administración Pública.
Reclama también que la concesión del indultos, cualquiera que sea su clase, deba plasmarse en un real decreto que recoja las razones explicadas por el Gobierno para adjudicar la medida de gracia, e insta al Ejecutivo a remitir una copia de los expedientes de indulto concedidos a la Comisión de Justicia del Congreso cada seis meses.
El PSOE justifica la necesidad de reforma la ley de indultos por "la oleada de indignación que recorre nuestro país, por la corrupción político-económica existente, así como por la sensación de impunidad de los delincuentes de cuello blanco", según señala el texto.
Para el grupo socialista, el acto del indulto, competencia del poder ejecutivo, propuesto y refrendado por el ministro de justicia y discutido en Consejo de Ministros, "es susceptible de control político mediante el control parlamentario" con la finalidad de determinar la posible responsabilidad política del Gobierno.
Dicha responsabilidad no supone, afirma el texto, una alternativa a la responsabilidad jurídica, que será exigida de acuerdo a sus respectivos regímenes jurídicos.
