Los trabajadores de Alcoa culpan al Gobierno central de abocarles al cierre

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El anuncio del Gobierno de no aprobar el estatuto para las empresas electrointensivas fue un duro golpe para los trabajadores de Alcoa en la ciudad, que ven más cerca el cierre definitivo de la planta tras las “mentiras” desde Madrid.

“El Gobierno es al final quien nos va a cerrar”, sentenció Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité de Empresa, quien culpó directamente al Estado de la situación actual y de no ser capaces de sacar adelante el estatuto.

Emocionado por momentos tras la mala noticia de antes de ayer, Corbacho aseguró que los trabajadores se sienten “estafados porque nos han mentido una vez más”. “Una vez más nos defraudan”, añadió el presidente de los trabajadores, quien cree que el Gobierno podía haber aprobado el estatuto pese al dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que entiende que no es vinculante.

“El Gobierno nos prometió en enero un escenario de seis meses para buscar una salida para las plantas” y, en las diferentes reuniones que mantuvieron, “se comprometían a garantizar el cien por cien del empleo y nos han mentido porque no es así”.

Dentro del Gobierno, el presidente del comité de trabajadores centró sus culpas en el Ministerio de Transición Ecológica, a quien calificó de “el gran desaparecido en este problema” a pesar de las competencias que tiene sobre energía. Corbacho indicó que la ministra Teresa Rivera “es la persona que está boicoteando cualquier solución”.

El retraso en la aprobación del estatuto fue recibido como una pésima noticia por los trabajadores de la fábrica, que explicaron que se produce cuando “hay inversores interesados en nuestras plantas y que tienen proyectos, pero es el propio Gobierno el que no nos da tranquilidad”. “No puede ser que los que nos tienen que dar una solución sean los que nos pongan las trabas”, sentenció Juan Carlos Corbacho.

Por la tarde, los trabajadores de Alcoa realizaron una manifestación desde la fábrica coruñesa hasta la Delegación del Gobierno, un recorrido en el que dejaron claro su malestar con el retraso en la aprobación del estatuto criticando en especial al Partido Socialista y evidenciando lo que será su voto en las elecciones de mañana por un “Goberno valente e que non minta”.

Sin impacto
El Gobierno cree que no aprobar en esta legislatura el estatuto para las electrointensivas “no tiene por qué afectar” al proceso de venta de las plantas de Alcoa e insiste en que su compromiso para resolver los problemas industriales es “claro y notorio”.

Poco antes de la manifestación de los trabajadores de Alcoa, el Gobierno anunció que elevará las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 de 91 a 200 millones de euros como medida para abaratar los costes energéticos de estas empresas, según la vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra, quien señaló que esperan “sacar cuanto antes” el Estatuto de consumidores electrointensivos “cuando se vuelva a formar Gobierno”, lo que sucederá una vez superadas las elecciones generales de mañana.

Mientras, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, dijo que pese a la no aprobación del estatuto prosigue la mesa de seguimiento de Alcoa. “No ha dado tiempo. Hay muchas cosas que no han dado tiempo”, expuso Celaá sobre la necesidad de incorporar las recomendaciones de la comisión. Por su parte, la titular de Economía, Nadia Calviño, apuntó que según la CNMC algunas acciones pueden estar sujetas al control de ayudas públicas por parte de la Comisión Europea, lo que impidió al Gobierno dar el “paso final” en este proceso.

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