10º-19º
viernes | 19 abril | 2024
La exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, acusada de prevaricación en la pieza política del caso ERE, declaró ayer que “es un error considerar que en la Consejería de Haciendo lo controlamos todo” y defendió que la ejecución de los presupuestos de la Junta no era su competencia.
Álvarez, que fue consejera entre 1994 y el 2004 y afronta una pena de diez años de inhabilitación, respondió durante algo más de dos horas a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado pertrechada de una carpeta llena de documentación subrayada y con continuas aclaraciones a la formulación que hacía el Ministerio Público, lo que provocó que el juez la interrumpiera para decirle que puede contestar o no pero que el fiscal podía preguntarle aspectos que no eran de su competencia.
La exconsejera, Álvarez que no ratificó las declaraciones que hizo en el 2013 ante la instructora Mercedes Alaya porque “no recogen en su integridad mis manifestaciones”, insistió en que su competencia sobre el presupuesto andaluz acababa en la “fase prelegislativa” y rechazó toda responsabilidad en cómo cada Consejería ejecutaba cada programa presupuestario.
Por ello, justificó no tener conocimiento del convenio marco del 2001 entre la Consejería de Empleo y la agencia pública IFA a partir del cual las ayudas de los ERE comenzó a pagarles el IFA con transferencias de financiación de Empleo,si bien dijo que “nunca” recibió ningún informe de la Intervención con “reparos” a esas transferencias ni a las modificaciones presupuestarias que se realizaban para aumentar los fondos transferidos al IFA.
A preguntas del fiscal dijo que en su opinión en la concesión de toda ayuda o subvención “tenía que haber un procedimiento y fiscalización previa” y así se recogía en las leyes de presupuestos elaboradas durante sus diez años en la Junta donde se aludía a la Ley estatal de Subvenciones,si bien subrayó que en la concesión de las ayudas de los ERE “si lo hubo o lo dejo de haber no lo puedo saber” pues el control corresponde a la Intervención.
Quien tras sus diez años en la Junta fuera ministra de Fomento y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones –cargo del que dimitió al estallar el caso ERE– apuntó varias veces a “errores” de interpretación por parte de los peritos.
