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jueves | 25 abril | 2024
El recuperado interés de muchos coruñeses por comprar una vivienda hace unos años y, especialmente, en los últimos, hizo que las empresas promotoras se animaran a reactivar obras que había dejado paralizadas en distintos puntos de la ciudad por culpa del boom del ladrillo.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco) se ha quejado en numerosas ocasiones de la falta de tramitación de licencias por parte del Ayuntamiento –con fuga de algunas compañías a municipios limítrofes incluida– pero en el caso de la recuperación de esqueletos ha sido posible alguna estrategia debido a que varias de las empresas que sobrevivieron pudieron rescatar sus licencias o se las traspasaron a otros empresarios a tiempo para evitar su caducidad. No obstante, el sector advierte de que el poder terminar edificios a medio hacer no es la dinámica general porque, supuestamente, la ley gallega actual no lo facilita y el Gobierno local de Marea Atlántica todavía es más prohibitivo.
Las obras inmobiliarias del futuro polígono residencial de Náutica no son las únicas que se han reactivado en estos últimos años en la ciudad aunque sean las más vistosas. Dejando a parte las del Parque Ofimático, porque los cooperativistas nunca cejaron en su empeño de habilitar sus viviendas, los obreros han ido poniendo a punto un inmueble en la calle de Santa Catalina, en donde se ven algunos detalles de unas actuaciones recientes, y en la calle de José Cornide que da acceso a Federico Tapia.
Igualmente una constructora se animó a recuperar las tareas en Monte Alto, justo al lado de la pulpería Fiuza, y otra realiza los trabajos previos en un esqueleto cercano a la plaza de España. Una de las actuaciones más visibles ha sido la de la plaza de Tabacos en la que en breve una empresa tomará el relevo de otra, ya que fue de las pocas que consiguió un permiso municipal hace unas semanas en una junta de Gobierno local.
En Náutica las cosas son algo diferentes porque las obras se pararon sin apenas estructuras visibles y se reactivaron aún pesando una amenaza de caducidad por parte del concejal de Regeneración Urbana y Derecho a la Vivienda, Xiao Varela, que sí llegó a cancelar uno de los cuatro permisos que había para ese ámbito, pero por el entorno sí hubo otras empresas que apuraron para rematar inmuebles que han quitado la visibilidad a otros.
Feísmo
Todo este movimiento de operarios y grúas –y el incremento de los trabajadores adscritos al régimen de la construcción como se puede observar de vez en cuando en los datos del Servicio Estatal de Empleo (SEPE)– anima a la gente a pensar que el feísmo desaparecerá de los distintos barrios, dejando atrás las imágenes de la recesión, pero según Aproinco la realidad es muy distinta.
A Coruña sigue salpicada de estructuras que reflejan el paso de la época de bonanza a la quiebra de muchas promotoras y por más que ahora hay quién se ha interesado en adquirir esos restos para seguir promociones a partir de ahí no ha conseguido un visto bueno desde María Pita. Sin ir más lejos, un empresario confesaba en diciembre de 2016 que le gustaría retomar los trabajos en una estructura de su propiedad pero que el Consistorio dio por caducadas las licencias y le obligaba a derribar el edificio.
Y si no se ha aceptado que todos los propietarios retomen sus antiguas obras, todavía funciona menos la estrategia de algunas empresas de intentar comprar los edificios a medio hacer que abandonaron otras firmas al desaparecer. Desde Aproinco reconocen que sí se nota el restablecimiento de la actividad en algunas zonas pero, según su secretario general Juan José Yáñez, les “gustaría que esa posibilidad se materializase incluso en mayor número”.
Sin embargo, achacan la imposibilidad de hacerlo a una “normativa urbanística y técnica” estricta, así como a una interpretación mucho más intransigente del Ayuntamiento. “Es mucho más restrictivo porque en caso de duda en la ley de 2002 se tenía que resolver un expediente en favor de la mayor restricción a la edificabilidad pero en la Lei do Solo de 2016 se cambió ese criterio”, afirma Yáñez, que puntualiza que a pesar de ello el Gobierno local sigue agarrándose al primero de ellos.
Existe interés
“Hay casos y empresas que se han interesado en algunos expedientes pero no ha llegado a materializarse nada”, afirma, lamentando que se produce una “situación paradójica” dado que las importantes inversiones de antaño “no se pueden aprovechar”.
“El Ayuntamiento dice que hay que ir a la demolición y volver a empezar, y lo ideal es que se pudiese adaptar la estructura a la nueva ley”, de tal manera que se resolverían los problemas del feísmo y la falta de stock de vivienda nueva con una mayor celeridad.
Para Yáñez lo que está claro es que si por los promotores fuera se crearía “actividad y empleo y se seguiría avanzando en estos proyectos por ornato de la ciudad”.
Pero “este Ayuntamiento no tiene ni la más mínima disponibilidad, prefiere declarar caducadas las licencias” y por ello han “tirando la toalla en casi todos los casos” porque ven “que no está por la labor” de colaborar.
Al apostillar esto último, el representante del sector inmobiliario se refiere tanto a la falta de facilidades para comprar y continuar construyendo inmuebles a medio hacer como para rehabilitar edificios que están en ruinas. Por esta vía ya lo intentaron con anterioridad porque era más fácil encontrar espacios bien situados en la ciudad que tener que realizar nuevos desarrollos urbanísticos en los alrededores.
Okupación y vandalismo
En este caso y en el de los esqueletos se apuesta, entonces, por un derribo. Curiosamente, Yáñez reflexiona sobre el compromiso que debería adquirir el Gobierno local de la Marea con estas actuaciones al no estar dispuesto a dar salida a aquellas estructuras cuyos propietarios iniciales quebraron y que, a juicio de los empresarios, debería correr con los gastos de desmontar las moles de ladrillo y hormigón.
“El Ayuntamiento sería el que tendría que invertir en un proyecto de demolición, es decir, encargar tanto el plan como tirar los edificios” para que luego los solares pudiesen volver a salir al mercado con todas las garantías. Sin embargo, por las opiniones que han ido recabando en todo este tiempo, desde Aproinco dudan mucho de que el Consistorio vaya a asumir estas inversiones, por lo que parece que el ladrillo a medio hacer se quedará en tierra de nadie. Sin nuevos dueños que sigan adelante y sin administraciones que los derriben para permitir la reventa del espacio.
En algunos casos esta situación ha supuesto verdaderas tragedias, pues un buen número de los edificios se vieron okupados. Es el caso, por ejemplo, de dos inmuebles gemelos en la avenida de Finisterre, justo frente al polígono industrial de A Grela, en uno de los cuáles entraron muchas personas a vivir sin permiso con el interior parcialmente rematado cuando muchos pisos tenían ya propietarios particulares.
En 2012 la Policía Local llegó a censar a 50 ocupantes procedentes de Penamoa en este edificio de A Silva, que años después del desalojo sigue sin los arreglos de los desperfectos y de la pertinente entrega de las propiedades a sus legítimos dueños. Además, el proyecto de al lado quedó abandonado por la quiebra de la constructora y, como en muchos otros puntos de la ciudad, ha sufrido los efectos del vandalismo. Los grafitis son lo más visible.
Con inquilinos ilegales o sin ellos, este no es el único edificio en la misma situación. Los hay en la ronda de Monte Alto o en la carretera de Circunvalación, en el mismo barrio, en una plaza en Los Mallos cuya silueta se destaca en el skyline coruñés e, incluso, en barrios de nueva construcción como el de Vioño. Con las licencias nuevas o para seguir paralizadas, es lógico que la venta de vivienda usada sea la que crezca.
Según estimaba el propio concejal de Regeneración Urbanismo, Xiao Varela, en una pasada edición del Dillo Ti habría unas 16 propiedades en estas circunstancias, aunque al ciudadano y al sector les salen algunas más. El edil reconoció que en algunos casos no podrán eliminar la edificabilidad como querrían porque hay compañías que siguen existiendo y que tienen unos derechos adquiridos que, de ser obviados, podrían conllevar reclamaciones judiciales y que el Ayuntamiento tuviese que afrontar nuevos paquetes de indemnizaciones.
