Las dos activistas por los derechos de los animales que lideran una campaña para que el Ayuntamiento retire la concesión de la perrera municipal a Servigal, presentaron ayer en el registro 20.000 firmas apoyando su iniciativa. Aseguran que son numerosos los particulares que comparten sus malas experiencias en las que acusan al servicio de sacrificar mascotas que están en perfecto estado sin darles la oportunidad de vivir que se merecen. Piden que se ponga al mando de la perrera a una asociación protectora de animales.
Además del sacrificio, hablan de maltrato a los ejemplares y engaños a los que hacen uso de las instalaciones. Aseguran que hay casos de vecinos que han preguntado por sus perros y que, a pesar de que se encontraban allí les habían dicho que no están para cobrarles por la estancia. Denuncian a Servigal de moverse “por puro interés económico” y sin interés alguno por los perros y gatos que  viven allí. Uno de ellos recuerda cómo un vecino se vio obligado a entregar su familia perruna por la denuncia de su casera y que cuando llamó al día siguiente ya habían matado a tres de ellos. Además, definen los habitáculos de los animales como “celdas de castigo” sin los cuidados y adecuados.
Por su parte, la firma Servigal, que aún tiene por delante siete años de gestión como concesionaria del Centro Municipal de Animales de Compañía, ha reaccionado anunciando acciones legales contra “las falsedades vertidas hoy ante la opinión pública”. Espera así poner freno a “unas acusaciones que carecen de fundamento”.