El plan de adquisición de viviendas del Gobierno municipal acumula más aspectos negativos que positivos hasta el momento. La mecánica del programa, la cantidad de fondos utilizados y las acusaciones de irregularidad que pesan sobre alguno de las propiedades comprados marcan esta iniciativa.
Los inicios del plan ya hacían presagiar que no iba a suponer un camino de rosas para el Gobierno local. Las formaciones de la oposición mostraron su desacuerdo con la decisión tomada por la Marea en materia de vivienda ya que entendían que se debía seguir otra dirección.
Así, el Gobierno municipal recibió críticas por ello y se le acusó de ejercer el papel de una “inmobiliaria”. Los grupos de la oposición apuntaron en diversas ocasiones que creen más correcto centrar los esfuerzos en la rehabilitación de viviendas, de las que se calcula que puede haber unas 20.000 vacías en la ciudad. Además, tanto el PP como el PSOE lamentaron el rechazo de la Marea a adherirse al programa de Vivendas Baleiras de la Xunta.
Si el planteamiento no convenció a la oposición, los datos de esta primera edición también podrían haber sido mejores. El Ayuntamiento destinó a esta iniciativa 1,26 millones de euros, de los que finalmente solo gastó algo más de 382.000 euros, un 30% del total.
A este programa se presentaron un total de 44 propuestas, de las que solo se dieron por buenas las referentes a diez pisos y dos inmuebles. Finalmente se adquirieron seis viviendas, dos de las cuales pertenecen a un firmante del manifiesto de la Marea.
En los últimos días estas dos propiedades han centrado las críticas de los grupos de la oposición no por pertenecer a un afín al Gobierno local y colaborador del Ayuntamiento de Barcelona, sino porque ninguno de los dos alcanza los 50 metros cuadrados de superficie útil, límite mínimo.
Esta era una de las bases estipuladas en los pliegos y además uno de ellos figuraba en el catastro y en el registro de la propiedad como oficina, por lo que el PP solicitó el acceso al expediente completo. A ello se unieron las críticas del Partido Socialista y del BNG, que lamentan la actuación por parte del Gobierno local.
Mientras, el Ayuntamiento ofreció explicaciones recientemente a través del concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela, y del alcalde, Xulio Ferreiro, que aseguraron que las seis viviendas se ajustaban a los criterios establecidos y que así lo había dictaminado la comisión de valoración.
Sin embargo, ninguna de las explicaciones dadas hasta el momento convencieron a la oposición y por ello esta semana tendrán lugar las comisiones de Hacienda y de Urbanismo para que los ediles Alberto Lema y Xiao Varela den su versión ante el secretario municipal como responsables de autorizar la compra y del expediente urbanístico.
