Ayuntamientos piden un informe único para agilizar la tramitación de planeamientos urbanísticos

El nivel de ejecución de las obras del enlace es del 83% PATRICIA G. FRAGA

Los representantes del urbanismo municipal que hoy han comparecido ante la Comisión parlamentaria no permanente para la elaboración de una nueva Ley del Suelo de Galicia han coincidido al plantear la conveniencia de que se emita un informe único autonómico y también estatal para dotar de mayor agilidad la tramitación del planeamiento urbanístico.
Representantes de municipios con perfil urbano, intermedio y rural designados por la Fegamp han comparecido esta mañana en la reunión de la Comisión no permanente de estudio para la elaboración de una nueva Ley del Suelo.
El concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha ido más allá al señalar que dicho informe por parte de la Administración autonómica debería ser emitido en un plazo máximo de tres meses y que, en caso contrario, se contemple el silencio administrativo.
Además, ha reclamado que la Xunta delegue en los propios ayuntamientos todos los documentos de desarrollo y todas las modificaciones de los planes ya aprobados.
En una línea similar se pronunció también el alcalde de Culleredo (A Coruña), Julio Sacristán, quien indicó que hay organismos públicos que tardan hasta 14 meses en emitir los informes pertinentes.
Tanto Fernández Prado como Sacristán han demandado el máximo consenso en la futura Ley del Suelo de Galicia y mayor agilidad para la tramitación de los planeamientos urbanísticos.
El concejal del Ayuntamiento de A Coruña reclamó que la futura legislación tenga la máxima "estabilidad", consideró que los aspectos referidos a la seguridad jurídica "están en buena línea", y reclamó una mayor corresponsabilidad tanto por parte de los ayuntamientos como por parte de los ciudadanos.
Fernández Prado indicó que es un auténtico "vía crucis" para los municipios aprobar un plan general de urbanismo, "una carrera de obstáculos", subrayó.
Consideró que la nueva legislación del suelo de Galicia debería remarcar aspectos como el de la rehabilitación de cascos históricos y de los ensanches de las ciudades, y apostó por avanzar en la coordinación con la legislación estatal de evaluación medioambiental.
Al igual que el alcalde de Culleredo, el concejal de A Coruña opinó que la futura Ley del Suelo tiene que atender a la actividad urbanística de cada ayuntamiento, y abogó porque los planes de ordenación del territorio jueguen un importante papel como complemento a la ley.
Sobre la vivienda pública, Fernández Prado dijo que "alguien ha de ponerle el cascabel al gato" en esta materia, al señalar que actualmente en el 90% de los ayuntamientos gallegos el precio de la vivienda libre es menor que el de la vivienda pública.
Julio Sacristán, por su parte, aludió a una "vorágine legislativa" en el urbanismo en Galicia y dijo que "es el momento de reflexionar".
"Este afán legislativo provocó en los ayuntamientos situaciones urbanísticas rocambolescas, porque en ocasiones se desconocía incluso qué artículos de la Ley estaban vigentes y cuáles no", afirmó.
"Hay que romper esta dinámica y aplicar el consenso independientemente de quien gobierne. No podemos seguir aprobando leyes que sean un quebradero de cabeza para los ayuntamientos", aseguró.
Por su parte, Francisco García, alcalde de Allariz, consideró que el borrador de la futura ley introduce aspectos "preocupantes" que pudieran interferir en el desarrollo que se ha producido en los últimos años en determinados modelos como el de Allariz y municipios similares.
García se refirió a la preocupación que le causa la posibilidad de que la nueva normativa reduzca la autonomía local en el desarrollo municipal.
El regidor dijo que una de las principales inquietudes que suscita el borrador de la Ley del Suelo es la regulación del suelo rústico, y precisó que la liberalización que se propone para el rural no va a ser positiva y prevé que "abrirá una vía de agua" en el modelo desarrollado hasta ahora en ayuntamientos como Allariz.
Francisco García pidió "que se tenga en cuenta que no es inocua cualquier modificación de la normativa urbanística".
El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Pontevedra, Cesáreo Mosquera, cerró el turno de intervenciones de los representantes municipales en la sesión celebrada hoy por la Comisión no permanente de estudio para la elaboración de una nueva Ley del Suelo de Galicia.
Mosquera expresó su disconformidad con que la única competencia tutelada que existe en todo el Estado español sea la de los ayuntamientos.
El edil se refirió a las escasas competencias que tiene la administración local para ordenar su propio territorio, e indicó en este sentido que en el caso de Pontevedra "es residual" la competencia del Ayuntamiento ya que en el mejor de los casos tiene capacidad legal para intervenir en el 8% de la superficie.
El concejal pontevedrés dijo que no era partidario "de que cada ayuntamiento haga lo que quiera en su territorio", pero sí de "que tengan claro lo que tienen que hacer" y "el que tenga la competencia que la ejerza", aseveró.

 

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