La extra de 67.000 funcionarios vascos, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional

Fachada de la sede del Tribunal Constitucional. EFE/Archivo

 Los 67.000 funcionarios del Gobierno Vasco están a la espera de la decisión que el Tribunal Constitucional pueda adoptar esta semana sobre la intención del Ejecutivo vasco de abonar la paga extra de Navidad en diciembre y cuya suspensión cautelar podría ser decretada por el Alto Tribunal.

El pasado miércoles, el Gobierno central planteó un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Gobierno socialista en funciones de Patxi López de hacer efectiva esa extra en contra de lo establecido en un real decreto.

Este conflicto no estaba incluido el pasado viernes en el orden del día del pleno del Tribunal Constitucional que se inicia el próximo martes, pero puede que el mismo lunes o martes se incluya el asunto en una "adición" a los temas a tratar.

Por lo tanto, el Alto Tribunal, que celebra plenos cada quince días, analizaría esta cuestión en su reunión del martes, día en el que también podría decidir sobre la admisión o no a trámite del conflicto de competencias y sobre una eventual suspensión cautelar del pago.

Sobre este extremo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha asegurado que si el Gobierno Vasco en funciones ejecuta la orden de pago, el Tribunal Constitucional no podrá suspender esta medida.

Según Ibarra, "cualquier jurista tiene claro que el objetivo de una medida cautelar es evitar que se produzcan actos de futuro, por tanto, si Euskadi ejecuta la orden de pago antes de que el citado tribunal admita a trámite el conflicto, ya no habrá "nada que suspender".

Desde el Gobierno Vasco, las fuentes consultas por Efe han insistido en que están trabajando "en los plazos establecidos" para abonar esa paga hacia el 20 o el 21 de diciembre como suele ser habitual.

Han reiterado que el proceso para llevar a cabo el "protocolo de libramiento" de la partida para el pago de nóminas y extras es "complejo", que lleva varias etapas, y que se suele iniciar aproximadamente diez días antes de que los funcionarios reciban en sus cuentas el ingreso de la mismas. Sin embargo no han querido precisar qué día se dará la orden de pago.

El consejero de Sanidad en funciones, Rafael Bengoa, ha asegurado que "la voluntad del Gobierno Vasco es quemar las etapas para llegar antes que Madrid".

El Ejecutivo de Patxi López mantiene que la decisión de abonar la paga se ha tomado en base a un informe jurídico que avala la legalidad de la medida y que no existe un hecho impugnable sobre el que recurrir ante el Tribunal Constitucional porque el Gobierno autonómico no ha llevado a cabo ningún "acto, ni un decreto, ni una ley" para su abono.

Además opina que el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy trata de evitar que se cree un "precedente" con otras comunidades autónomas.

El Gobierno central considera por su parte que la decisión de Euskadi incumple el real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad aprobado el pasado julio.

Este conflicto ha enfrentado durante las últimas semanas a ambos gobiernos, con duros cruces de acusaciones.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, llegó a calificar de "ilegal" abonar esta paga y advirtió de que los funcionarios que decidieran pagarla se les exigirían las responsabilidades que recoge el Código Penal, que llevan "aparejadas una suspensión especial de cualquier cargo público por un periodo entre siete y diez años".

Euskadi calificó esta advertencia de "abuso" que "suena a chantaje" por tratar de "intimidar a funcionarios públicos para influir de forma ventajista en un conflicto jurídico y político", algo que a juicio del Gobierno Vasco en funciones es "incalificable".

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