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Era un trámite formal, pues el pasado viernes ya hubo luz verde por parte de los estados miembros

La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han detenido a tres personas y se han incautado de más de siete toneladas de hachís en una operación contra el narcotráfico en alta mar en el Campo de Gibraltar.Según han informado este domingo las tres instituciones en un comunicado, la operación conjunta ha consistido en el abordaje de una embarcación investigada desde hacía más de un año, entre otros, por el organismo europeo de lucha contra el tráfico de drogas en el ámbito marítimo, el MAOC.La operación Baluma, que se ha saldado con una de las mayores aprehensiones de este año, afectaba a la embarcación "Felsted", un remolcador reformado para ampliar su bodega "y así poder transportar gran cantidad de droga" aprovechando la mala mar por la capacidad de este tipo de barco para soportar las peores condiciones climatológicas.Así, la operación se ha desarrollado durante dos días en "difíciles condiciones meteorológicas" con dos embarcaciones de la Guardia Civil, la patrullera de altura Río Arlanza y el buque oceánico Río Miño.Tras detectar el remolcador, las autoridades lo abordaron sin ser descubiertos por los tripulantes, para después escoltarlo hasta el puerto de Algeciras (Cádiz), donde se descargaron 200 fardos con 7.130 kilos de hachís.Las gestiones policiales en España comenzaron en marzo de 2020, aunque la embarcación ya estaba siendo investigada por Países Bajos o Francia por transporte de alijos de drogas en varios países.Las autoridades tenían conocimiento de que una organización criminal "de alto nivel" iba a utilizar la embarcación para introducir "una elevada cantidad de hachís" a través de las costas españolas, con un punto logístico en Huelva, que fue donde la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera abrieron diligencias judiciales.Estas investigaciones permitieron identificar a los miembros de la tripulación y controlar el mercante hasta recabar la información necesaria y acordar el abordaje en aguas internacionales con el apoyo del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

El acuerdo sobre fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido sobre Gibraltar que pretende acabar con la consideración de "paraíso fiscal" del Peñón entra este sábado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.El tratado persigue la eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales derivados de las características de un régimen fiscal que actualmente permite, por ejemplo, pagar un impuesto de sociedades sólo por los beneficios obtenidos en Gibraltar o ser considerado residente en la Roca aunque la residencia principal esté en España.Se trata del primer tratado internacional que firman España y Reino Unido sobre Gibraltar desde el tratado de Utrech de 1715, por el que España cedió el uso del Peñón a los ingleses.Firmado el pasado 4 de marzo de 2019 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y por el ministro de la Presidencia británico, David Lidington, el tratado fue ratificado por los Parlamentos de ambos países, lo que ha retrasado su entrada en vigor.El acuerdo resuelve la "soberanía fiscal" de la zona en beneficio de España y "permite acabar con una situación anacrónica y tremendamente perjudicial para España" sin debilitar su posición sobre la soberanía del Peñón, aseguró la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en el Congreso.Así, establece reglas claras para resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas y para evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España.Además, establece que las personas jurídicas tendrán residencia fiscal en España cuando establezcan una relación significativa con España, lo que se determina por la localización de la mayoría de sus activos, por la obtención de la mayor parte de sus ingresos o bien por que la mayoría de propietarios o directivos sean residentes fiscales en España.Es, por tanto, una "herramienta eficaz" en la lucha contra la evasión fiscal y establece un incremento de la cooperación administrativa y un régimen de cooperación reforzada mediante un órgano de enlace y un comité conjunto de coordinación.Fuentes de Exteriores aseguraron que, tal y como se señala en el propio texto del Acuerdo, el mismo no supone cambio alguno con respecto a la posición española o británica en cuanto a la soberanía y jurisdicción en relación con Gibraltar.