Ocurrencias SL

Un país que se precie de serlo es el que, entre otras cosas, tiene unas leyes razonables, que se cumplen y donde los que las violan son castigados por la Justicia y mal vistos por la sociedad; una sociedad organizada y solidaria, que protege a los más jóvenes y cuida a los mayores que ya lo han dado todo; una nación que tiene una educación universal y de calidad y una sanidad que funciona y que cura a los que tienen enfermedades o una Justicia que aplica la ley con equidad y a tiempo. Entre otras muchas cosas.
El nuestro parece mucho más el país de las ocurrencias institucionalizadas. Una sociedad limitada, o no tanto, que permite el esperpento cuando se trata de elegir al presidente de una autonomía que aspira, sin ninguna posibilidad, a ser una nación independiente y que reduce la política a un espectáculo circense donde el “más difícil todavía” se produce todos los días para sorpresa y lamento de los ciudadanos que les sufren.
Y ese esperpento, además, impide que los políticos se dediquen a lo que de verdad importa, oculta los problemas reales y favorece un comportamiento similar en otros ámbitos de la vida que exigen una respuesta inmediata a problemas graves, soluciones que duren para que no estén expuestas a los vaivenes políticos. Los ciudadanos no tienen la culpa de que los políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo en temas como la educación o la justicia. Pero pagan las consecuencias.
Otro tanto se puede decir de los salarios y las pensiones, donde la capacidad “imaginativa” de unos y de otros no tiene límites. Hace unos días, el secretario general del PSOE proponía un impuesto a la banca –que luego ésta repercutiría sobre sus usuarios– que recaudaría 800 o 1.000 millones, cuando el problema es de más de 15.000 cada año. Comisiones Obreras pide salarios mínimos de convenio de 1.000 euros, pero sin un análisis de las consecuencias: más trabajo sumergido, menos creación de empleo...
La UGT quiere liberar 16.000 millones de los que se destinan a pensiones para que salgan de los impuestos. Deben pensar que eso es algo que pagan los de Marte. Y la ministra de Trabajo lanza un globo sonda para que las pensiones se calculen sobre las cotizaciones de toda la vida laboral y no sobre los últimos veinte o veinticinco años, una mejora que puede ser justificable y que es limitada en su aplicación, pero que ni aborda el problema de la precariedad de la Seguridad Social ni su financiación a corto plazo ni plantea medidas para hacer frente a un sistema superado por la realidad.
¿Es tan difícil que los políticos se sienten, dentro del marco del Pacto de Toledo o fuera de él, analicen los cientos de informes que han hecho los expertos de todos los colores y acuerden un sistema que garantice que podremos cobrar una pensión y vivir, mejor o peor, cuando dejemos de trabajar? Con cotizaciones, con impuestos o con otras medidas. Propuestas reales y consensuadas frente a “ocurrencias, sociedad limitada”. Ya les vale.