El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades acordaron el reparto de 200 millones de euros para la protección de las familias, combatir la pobreza infantil, desarrollar prestaciones básicas de los servicios sociales y la atención al pueblo gitano.
En la reunión del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrada ayer, se dio el visto bueno a la distribución propuesta por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, que suma 198.704.000 euros para que las comunidades (excepto Navarra y País Vasco) financien en 2023 el Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil.
Además, se acordó el reparto de dos millones de euros para atender las necesidades de las personas gitanas más desfavorecidas y promover el desarrollo y la inclusión de este colectivo.
La cuantía total de los créditos, se otorgará a las comunidades una vez el Consejo de Ministros autorice su distribución y el Consejo Territorial la apruebe definitivamente.
Desglose de fondos
Respecto al desglose de los fondos, 65 millones se destinarán al Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil: 50 millones para financiar proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias (comida, higiene, ropa) y mejorar el acceso a salud, educación, vivienda y empleo, y otros quince millones al programa de vacaciones escolares.
Otros 25 millones de euros para programas de refuerzo de equipos de atención a la infancia y la familia en los servicios sociales de atención primaria, según lo previsto en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
Y el resto, 108,7 millones se destinarán a prestaciones básicas de los servicios sociales, para mantener la red de esos servicios en atención primaria gestionada por las corporaciones locales y proporcionar servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas.
Las comunidades y las ciudades de Ceuta y de Melilla deberán aportar al menos una dotación económica de igual cuantía que la que le corresponde en la distribución y determinarán las aportaciones de las corporaciones locales para participar en la cofinanciación, explicó el Gobierno.
Derechos Sociales presentó a las comunidades el anteproyecto de la que será la primera ley estatal de servicios sociales que quiere garantizar un suelo común de prestaciones en todo el territorio y la movilidad de esos servicios en caso de desplazamiento de los usuarios entre comunidades.
La tramitación de la norma será compleja pues varias comunidades avisaron que vigilarán que no haya invasión de competencias.
