El Gobierno central y la Junta de Andalucía acentuaron ayer sus diferencias por la tramitación de la proposición de ley sobre la ordenación de los regadíos en la corona norte de Doñana.
El Gobierno andaluz advirtió de que “ni quiere, ni puede renunciar” a solucionar el problema de la regulación de los regadíos, y señaló que es el momento de conocer “qué alternativas tienen” quienes “han insultado” a la Junta.
Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, instó al presidente andaluz, Juanma Moreno, a no “tontear” con este asunto porque el aviso desde Europa es “muy serio” y “nos puede costar mucho dinero a los españoles”, ya que si Europa condena a España “con multas coercitivas, estas se mantendrán hasta que se deje de aplicar la ley”.
Este enfrentamiento se produce un día después de que el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, se reuniera en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, tras lo cual la Comisión cargó contra la iniciativa andaluza al considerar que va “en sentido contrario” a la obligación de proteger el Parque Natural y “podría degradar el humedal”.
Fernández Pacheco invitó al Gobierno central a poner “día, sitio y hora” para celebrar una reunión y advirtió de que no hablar es “hacer un flaco favor” a los afectados. “¿A qué viene esta provocación?”, se preguntó ayer la ministra Ribera que expuso el informe de situación de Doñana para destacar algunos datos, como el de las grandes lagunas desaparecidas.
Suma de voces
A este debate se unió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pidió al PP que abandone la rebeldía legal y las diferencias ideológicas y que defienda Doñana porque lo contrario supone “dañar la democracia”.
También se pronunció el portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, quien pidió al Gobierno que actúe de forma rápida ante el riesgo de que Doñana se seque y le instó a que “si es necesario” intervenga y controle directamente el Parque Nacional.
A favor del diálogo se mostró el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, quien reclamó un “entendimiento entre los dos Gobiernos”, porque “si no Doñana no se salvará” y propuso como solución que se permuten terrenos de cultivo fuera del preparque.
Guerra señaló que el efecto de la sequía en Doñana “se está utilizando como un disparadero electoral” y describió que al ser un parque nacional la titularidad es estatal pero la gestión es autonómica, lo que contribuye a que se culpen unos a otros, por lo que pidió a ambos Gobiernos “un esfuerzo muy grande”.
