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jueves | 18 abril | 2024
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, admitió ayer que la acogida de refugiados por parte de España “no se está haciendo a la velocidad de lo que requeriría una necesidad humanitaria tan perentoria” como esta.
Lo dijo en declaraciones a los periodistas tras participar en la reunión del Círculo de Economía, donde alegó que no es una responsabilidad en exclusiva de España, sino que depende también de la gestión que está haciendo la UE y Turquía.
“No podemos estar contentos cuando hay gente que está sufriendo en estas condiciones, pero es verdad que en algo se ha avanzado”, continuó el ministro, que expuso que el fenómeno de los refugiados es nuevo y, por lo tanto, los momentos de gestión iniciales son los más difíciles.
Margallo reconoció que no se está cumpliendo con los términos de la acogida que se han pactado, pero aseguró que la voluntad es hacerlo y que el principal problema es la identificación y registros de estas personas “para dilucidar si tienen derecho al asilo o no”. “Está siendo muy complicado. Hay dificultades para tramitar cada uno de los expedientes”, expuso el ministro, que aseguró que el Gobierno ha reforzado el personal que se dedica a esta cuestión.
En su intervención inicial ante los asistentes a la reunión del Círculo, expuso que este problema será de muy difícil solución mientras no haya una política europea de refugiados, y propuso la creación de una agencia europea que se ocupe de las migraciones y del asilo.
Por su parte, la ministra del Interior del Gobierno de Portugal, Costança Urbano da Sousa, defendió que la Unión Europea haga “gestión y no reacción” de la llegada de refugiados, y que lo haga con equidad entre estados, porque hasta ahora ha habido un reparto desigual y sin organización ni coordinación entre países, en su opinión.
Reconoció que la llegada masiva de refugiados llegados a Europa desde el Mediterráneo en 2015 creó en los países de llegada una percepción de “invasión y vulnerabilidad”, pero añadió que hay que ponerlo en perspectiva, ya que en los últimos años los países del entorno de Siria ya han vivido esta situación y con mayor impacto.
Puso el ejemplo de Líbano, que con cuatro millones de habitantes, ha acogido a un millón de refugiados en pocos años, la misma cifra asumida por Europa en 2015, frente a una población de 500 millones de personas.
Sostuvo que el flujo de refugiados es inevitable porque nadie puede parar al ser humano que escapa de la guerra e intenta salvar su vida: “No solo es un deber jurídico, además es un deber moral y civilizacional dar protección y asilo a las personas que escapan de conflictos”.
Asimismo, Urbano da Sousa alertó de que no se podrá integrar a quienes llegan sin políticas de cohesión, lo que “va a costar dinero”, y apuntó al incremento del presupuesto europeo para ello, así como a más política de cohesión social, que considera que ahora es insuficiente.
Incidió en que es vital hacer todo lo posible por preservar el espacio Schengen de libre circulación de personas en la UE porque es el símbolo de la creación europea como espacio de libertad, seguridad y justicia, así como por el “enorme impacto” que habría en la economía europea si se vuelven a erigir fronteras. La ministra portuguesa agregó que la llegada de refugiados puede ser “parte de la solución” a la crisis demográfica de Europa por el envejecimiento de la población, ya que opina que con una población vieja no se puede tener la fuerza para lograr un desarrollo económico sostenible.
Por otro lado, las autoridades europeas están recabando testimonios de cientos de refugiados procedentes de Oriente Próximo para esclarecer y preparar los casos de crímenes de guerra vinculados principalmente a los conflictos de Siria e Irak.
Para obtener la información necesaria, los servicios de inmigración holandeses y alemanes han comenzado a ofrecer panfletos a los solicitantes de asilo con el objetivo de que testifiquen voluntariamente durante su estancia en el país. En Noruega, por otra parte, la Policía monitoriza los teléfonos de los refugiados en busca de pruebas que evidencien una posible implicación en crímenes de guerra.
“Puede que tengamos muchas víctimas y testigos en un lugar, pero no podemos hacer nada desde la Fiscalía si no tenemos a los criminales en nuestra propia jurisdicción. Durante los próximos cinco años veremos muchas acusaciones”, indicó Matevz Pezdirc, que coordina la Red de la Unión Europea de Cooperación contra el Genocidio.
