Leo en la prensa que el Tribunal Constitucional debate el recurso del PP contra la llamada Ley Trans y que ese debate divide profundamente a los magistrados del alto tribunal. Una parte considera que la norma se ajusta al marco constitucional y aboga por avalar lo fundamental de la ley, mientras que otro bloque propone estimar parcialmente la impugnación de los populares.

Ante la división, la ponencia que evalúa la constitucionalidad redactada por el magistrado Juan Carlos Campo, podría retrasarse o incluso ser devuelta para reformulación, lo que prolongaría el proceso de revisión y la incertidumbre jurídica en torno a la aplicación de la norma.

Esta ley, aprobada para proteger los derechos de las personas trans, acabó generando un efecto secundario perverso que ningún legislador comprometido con la justicia debería ignorar: su utilización como escudo por parte de quienes pretenden escapar de las consecuencias de sus actos delictivos, machistas y de agresión sexual. Es el caso de maltratadores que han solicitado el cambio de sexo registral con el objetivo de esquivar condenas por violencia de género o beneficiarse de un trato jurídico más favorable.

En Sevilla, Bilbao, Madrid, Murcia y Ceuta, entre otras provincias, se dieron casos en los que varones acusados de agresiones machistas “cambiaron su sexo legal” para trasladar su caso a juzgados ordinarios, eludir medidas cautelares, o incluso aspirar a entrar en cárceles femeninas. No son rumores ni invenciones, sino expedientes abiertos y decisiones judiciales en curso.

Estos casos evidencian que una ley progresista abre una grieta que protege al agresor en lugar de las víctimas, que deben ser defendidas con firmeza. Dicen los juristas que técnicamente estamos ante un fraude de ley si se demuestra que el cambio de sexo registral tiene como único objetivo eludir consecuencias jurídicas o penales. Pero probar esa intencionalidad es complejo, y aquí radica el verdadero desafío: cómo detectar y sancionar el abuso y proteger a un colectivo históricamente marginado que ha de ser  amparado.  

Por eso, el debate del Constitucional es necesario y su decisión urgente. Blindar los derechos de las personas trans exige impedir que esa ley se convierta en coartada para quienes nunca fueron víctimas, sino verdugos. Una legislación sólida debe prevenir el abuso y cerrar la puerta a quienes pretenden ocultar la violencia bajo una nueva identidad administrativa.

Porque si se permite que la ley se convierta en refugio de maltratadores que buscan evadir la justicia se está traicionando a las víctimas y a la causa que se quiere defender. Deberían legislar con responsabilidad y cerrar este agujero para que la Ley Trans sea una norma de justicia y dignidad que no pueda ser instrumentalizada por quienes siempre han estado en el lado opuesto de la igualdad.