El objetivo final, principal y primordial que yo tengo como ministro de la Unión Europea es la oficialidad del catalán en Europa”. Esto decía el ministro de Asuntos Exteriores en octubre pasado cuando se había impuesto como primera tarea llevar el catalán a las instituciones europeas.

Acaba de conseguirlo parcialmente. El Consejo Superior de las Escuelas Europeas aprobó hace unos días que el catalán se enseñe como materia optativa en estos centros destinados a hijos de funcionarios de las instituciones de la UE. Ahora quiere someter a votación la oficialidad del catalán, del gallego y del euskera en la reunión del día 27 de ministros europeos de Exteriores.

Defender el catalán en Europa –y las demás lenguas vernáculas– es una forma de preservar y visibilizar la riqueza lingüística de nuestro país, un gesto de respeto a la pluralidad lingüística que enriquece a España y a la Unión Europea.

Sin embargo, lo que parece una política de inclusión se vuelve una contradicción cuando se observa lo que ocurre dentro de España, donde la política lingüística del Govern y del Gobierno de la nación en relación con el catalán y el castellano refleja una incoherencia preocupante.

Por un lado, se promueve la oficialidad del catalán en las instituciones europeas como respuesta a exigencias de Junts para recibir sus apoyos parlamentarios. Por otro lado, en Cataluña el castellano –lengua cooficial y común a muchos catalanes– continúa siendo marginado en el sistema educativo, en ocasiones con niveles de presencia que no alcanzan ni el mínimo del 25% dictado por los tribunales. Las sentencias judiciales que buscan garantizar una presencia razonable del castellano en las aulas no se están cumpliendo y el presidente Illa acaba de firmar el “Pacte nacional per la llengua” que continúa la política lingüística de Esquerra y quiere imponer el catalán en los ámbitos público y privado.

Mientras eso ocurre, el Gobierno de España opta por una actitud pasiva y cómplice y consiente que se vulneren derechos de los alumnos y de las familias que quieren que sus hijos sean educados también en la lengua oficial del Estado, lo que contradice el principio de igualdad lingüística

La disonancia entre lo que se exige fuera y lo que se tolera dentro revela una lógica de actuación basada en intereses políticos a corto plazo, donde se priorizan los votos en el Parlamento sobre el respeto al marco legal y constitucional. Defender el catalán en Europa mientras se ignora la marginación del castellano en Cataluña no es coherencia lingüística, es una táctica política que debilita la credibilidad del Estado de derecho.

El verdadero pluralismo lingüístico no puede construirse sobre la exclusión o la imposición. Una convivencia lingüística sana implica promover todas las lenguas, pero desde el equilibrio, el respeto mutuo y la igualdad de derechos.