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viernes | 19 abril | 2024
La Policía Federal brasileña llevó a cabo ayer una nueva operación contra sospechosos de los ataques golpistas del 8 de enero contra las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, con arrestos y registros en seis de los 27 estados de Brasil.
La tercera fase de la llamada operación ‘Lesa Patria’ se realiza por instrucción del Supremo Tribunal Federal, que expidió órdenes de arresto contra once sospechosos de participar en el intento de golpe contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y órdenes de allanamiento en 27 residencias de los investigados.
En las primeras horas de ayer, al menos cinco personas fueron arrestadas en la operación, que sigue abierta y moviliza a decenas de agentes de la Policía Federal en seis estados brasileños.
Las órdenes de detención fueron dictadas contra seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que aparecen en vídeos divulgados en las redes sociales participando en ataques vandálicos contra bienes de las tres sedes del poder. De acuerdo con un comunicado de la Policía Federal, las personas detenidas son investigadas por los delitos de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, asociación para delinquir, incitación al crimen y destrucción de bienes protegidos.
Según fuentes de la Policía citadas por diferentes medios, en el estado de Minas Gerais fueron detenidos el abogado Eduardo Antunes Barcelos y Marcelo Eberle Motta, coordinador del movimiento Derecha Vive en la ciudad de Juiz de Fora, conocido por sus repetidos insultos a periodistas.
En el estado de Santa Catarina fue arrestada Maria de Fátima Souza, una mujer de 67 años que ya fue detenida por narcotráfico y aparece en las imágenes de los actos golpistas insultando y amenazando a los miembros de la Corte Suprema.
Desde el comienzo de las operaciones por los ataques del 8 de enero, cerca de 1.800 personas fueron detenidas, en su mayoría al día siguiente de los ataques, en un campamento que los bolsonaristas montaron frente al cuartel general del Ejército, que fue desmantelado ese día.
También se encuentra detenido el exministro de Justicia, Anderson Torres, un destacado aliado de Bolsonaro y que era el responsable por la seguridad de Brasilia el día de los ataques.
El Tribunal Supremo también investiga a Bolsonaro para aclarar si tuvo un papel en instigar los actos golpistas, por los que también son investigadas otras autoridades sospechosas de omisión o haber facilitado los ataques.
