Hungría no ratificó aún la adhesión de Suecia a la OTAN por sus repetidas críticas al estado de derecho en el país centroeuropeo, que el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán considera falsas y "una falta de respeto".
Así lo aseguró el secretario de Estado de Comunicación Internacional, Zoltán Kovács, afirmando que "en el caso de Suecia, existe un amplia cantidad de quejas que deben abordarse antes de que se ratifique la admisión del país".
Según Kovács, varios políticos suecos mantienen una actitud hostil frente a Hungría, ya que critican al país desde una postura de "superioridad moral" y con "falta de respeto".
El Parlamento húngaro, donde el partido de Orbán, el Fidesz, cuenta con una mayoría de dos tercios, ratificó el lunes la adhesión de Finlandia a la OTAN, después de aplazar durante ocho meses la decisión, pero por el momento se desconoce cuándo se votará sobre Suecia.
Hungría y Turquía son los únicos dos países de los treinta miembros de la OTAN que hasta el lunes no habían ratificado la entrada de Suecia y Finlandia.
Kovács aseguró que es comprensible que los dos países nórdicos quieran entrar en la OTAN "para asegurar sus posiciones en el nuevo entorno geopolítico".
Con todo, el político añadió en su artículo publicado en el blog HungaryToday que políticos suecos han "golpeado" a Hungría "utilizando su influencia política para perjudicar los intereses húngaros".
Kovács cita varias críticas por parte de políticos suecos sobre la deriva del estado de Derecho en el país centroeuropeo, entre otros, pidiendo que se detenga el desembolso de los fondos europeos a Hungría, tal como lo hizo anteriormente la actual ministra sueca de asuntos europeos Jessika Roswall.
En otros aspecto Kovács tachó de "racismo evidente" que la quema de un Corán en Suecia -que es una de las causas por las que Turquía no ratifica la entrada del país a la OTAN- se haya defendido como una "expresión de libertad".
Bruselas mantiene congelados 22.000 millones de euros en fondos de cohesión que le corresponden a Hungría, hasta que haya garantizado que los programas para utilizarlos respetan los valores y reglas comunitarios en materia de independencia judicial, leyes educativas, libertad académica y derecho al asilo y corrupción.
