La Xunta responde al Gobierno que cumpla la orden del Supremo y acoja a los 1.000 menores que solicitan asilo en Canarias
La Xunta ha respondido al Gobierno central que "lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo de Sánchez" es cumplir la orden del Tribunal Supremo (TS) de acoger a 1.000 menores solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias y que, "medio año después, solamente fue capaz de trasladar a la Península a 30".
Así lo ha trasladado en un comunicado la Consellería de Política Social, en respuesta al Gobierno central, que ha cifrado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España.
Una cifra fijada tras la aprobación del Real Decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas, aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
En este contexto, la Xunta ha reprochado que el Real Decreto "se limita" a fijar la capacidad ordinaria de acogida según el peso de población de cada Comunidad, "sin tener en cuenta ningún otro factor".
Asimismo, han subrayado que "a día de hoy" el Gobierno central aún no ha aprobado con las CC.AA "ningún reparto de menores migrantes y tampoco un financiamiento asociado". "De manera que, lo que pretende es que las CC.AA asuman el 100% del coste de estas acogidas", han destacado.
La Xunta ha reiterado que "no va a aceptar imposiciones del Gobierno en esta materia". "Somos una Comunidad acogedora y solidaria: en los últimos años acogimos decenas de menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta siempre dentro de nuestras posibilidades", han enfatizado.
No obstante, han señalado que "no pueden ofrecer lo que no tienen" y las redes de protección de menores de todas las CC.AA están "al máximo de su capacidad". "No queremos crear 'guetos' como si quiere hacer el Ministerio", han remarcado.
Con todo, han recordado que un total de 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP y el PSOE tienen recurrido este asunto ante el Tribunal Constitucional.
