El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 10, 11 y disposición transitoria primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
En concreto, el recurso de inconstitucionalidad afecta a varios preceptos referentes a la posibilidad de que la norma gallega invada las competencias estatales al limitar a 15 años el plazo en el que la Administración autonómica puede reaccionar frente a las edificaciones construidas ilegalmente en la zona de servidumbre de protección de costas (ZSPC).
El Gobierno considera, por una parte, que las normas contenidas en el artículo 10 y apartado 1 de la disposición transitoria primera de la Ley gallega constituyen una “merma de la protección que establece la legislación del Estado al limitar las facultades administrativas para restablecer la realidad alterada en los casos de comisión de infracciones dentro de la servidumbre de protección respecto al régimen de la Ley de Costas estatal”.
El texto que recurre el Gobierno incide en que “el ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Galicia para imponer la obligación de restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de los daños irreparables y pérdidas causadas, en el caso de obras y actuaciones contrarias a lo dispuesto en la legislación en materia de costas realizadas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, deberá producirse dentro de un plazo de quince años, a contar desde la terminación de las obras o actuaciones contrarias a la legalidad”.
Por otro lado también recurre las normas contenidas en el artículo 11 y apartado 2 de la disposición transitoria primera de dicha Ley al considerar que no responden tampoco al requisito de ser "normas adicionales de protección", considerándose dichos preceptos contrarios al orden constitucional de distribución competencial.
El Gobierno da este paso después de que la Comisión Bilateral, en el seno del procedimiento previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, no haya alcanzado acuerdo alguno en relación con los preceptos controvertidos de la citada norma.
Por ello, y una vez solicitado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, se solicita la interposición de recurso de inconstitucionalidad.
El recurso afecta así a la conocida como ley de acompañamiento, que va anexa a los presupuestos anuales de la Xunta y que, generalmente, sirve para incluir decenas de cambios normativos en la legislación autonómica.
