5 años de cárcel por contratar a una cuñada de Silva

5 años de cárcel por contratar a una cuñada de Silva
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La Audiencia de Pontevedra ha condenado a cinco años y tres meses de cárcel a un alto funcionario de Vigo, Francisco G.O., por un delito continuado de prevaricación en concurso con los de malversación y falsedad documental, en relación con la contratación en una concesionaria de la cuñada de Carmela Silva, la actual presidenta de la Diputación de Pontevedra.

Además de la pena de cárcel, le ha impuesto también la inhabilitación absoluta para el desempeño de cargo o función pública por un periodo de nueve años.

La Audiencia condenó al otro procesado en la causa, Ramón C.A., gerente de la firma concesionaria Imesapi, a un año y medio de cárcel por idénticos delitos pero en condición de cooperador necesario para la comisión de los mismos.

En ambos casos se les aplica la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

El Ayuntamiento de Vigo deberá hacer frente, de forma conjunta y solidaria con los dos acusados, de la responsabilidad civil, cifrada en el importe falsamente facturado a esta Administración por parte de Imesapi: es decir 108.147,22 euros.

Ésa es la cantidad que abonó el Ayuntamiento de Vigo para realizar nueve encuestas sobre la prestación de diferentes servicios municipales, entre 2008 y 2013.

En su fallo, la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra señala que del análisis de las pruebas practicadas no se puede llegar a otra conclusión que la de que la contratación de la cuñada de Silva por parte de Imesapi fue "una mera simulación o ficción".

Una simulación que atribuye a Francisco G.O., con la colaboración de Ramón C.A. al facilitar éste "la cobertura de su empresa", Imesapi, y la expedición de "unas facturas falsas para asegurar una retribución indebida" a Vanesa F. B.

El tribunal considera probado que el alto funcionario de Vigo, en su intención de "favorecer" a la cuñada de Silva y que ello se hiciera a través de la entidad del otro acusado, "vino a tomar parte en un plan" por el que, a través de contratos menores, se venía a asegurar la adjudicación directa de las nueve encuestas a Imesapi.

También recalca que era decisión suya que dichas encuestas encargadas a Imesapi se concedieran por la vía de los contratos menores, así como que la persona contratada fuera precisamente la cuñada de Silva "y no cualquier persona que surgiera de los servicios públicos de contratación o empleo".

Abunda en que la contratación de Vanesa F.B. "fue más que irregular" y que "no tenía más finalidad que beneficiar exclusivamente a la elegida".

La cuñada de la actual presidenta de la Diputación de Pontevedra llegó a estar investigada en esta causa, al igual que el concejal de Participación Ciudadana de Vigo, Santos Héctor, aunque la instrucción sobreseyó las actuaciones respecto de ellos.

El Juzgado de instrucción 7 de Vigo desimputó a Héctor al no quedar acreditado que tuviera "conocimiento efectivo" sobre la "finalidad pretendida" con los contratos menores de encuestas de calidad encargados por su departamento a Imesapi.

Vanesa F.B. fue desimputada previamente por prescripción del delito que se le atribuía, además de los interventores municipales Luis G.A. y Juan Ramón G.O. y del apoderado de Imesapi, José Antonio M.B.

5 años de cárcel por contratar a una cuñada de Silva

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