Vanesa F.B, cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha comparecido finalmente en el juicio que acoge la Audiencia Provincial contra el funcionario del Ayuntamiento de Vigo Francisco Javier G.O. y el gerente de Imesapi, Ramón C.A., en relación con el supuesto "enchufe" en esa concesionaria de esta mujer, citada como testigo.

Tras dos incomparecencias, Vanesa F.B., que fue desimputada por prescripción del delito de tráfico de influencias por el que fue investigada en esta causa, ha acudido al edificio judicial en un acceso que no se efectuó por la puerta principal, y luego ha sido conducida a la sala de vistas escoltada por dos policías.

El tribunal de la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra resolvió de oficio que la Policía contactara con ella por teléfono o fuera a buscarla a su domicilio al constatar que no se había presentado por segundo día consecutivo.

El mismo tribunal había rechazado días atrás las razones de salud y personales esgrimidas por Vanesa F.B. para que la dispensaran de declarar como testigo en el juicio.

Durante su declaración en sala, la cuñada de Silva, visiblemente nerviosa, ha sido advertida dos veces por el juez de que de no podía negarse a responder a las preguntas de la fiscal.

En un principio respondió con evasivas y se limitó a decir que no recordaba nada y que no tenía "ni idea" de lo que le preguntaban, y que incluso le costaba entender lo que le decían.

Llegó a afirmar que no recordaba si había trabajado alguna vez en su vida, tras lo cual el juez le avisó de que de persistir en esta actitud podría ser acusada de un delito de obstrucción a la justicia.

A partir de ahí, ha acabado reconociendo que le encargaron realizar una serie de encuestas a indicaciones del gerente de Imesapi, el acusado Ramón C.A., pero que se limitó a hacer las llamadas desde el Ayuntamiento y no en la sede de la concesionaria que la contrató ni en los centros cívicos que gestionaba.

Nada tuvo que ver, ha dicho, con la elaboración de los cuestionarios ni con el volcado y análisis de los datos, como tampoco con la realización de los informes de conclusiones.

Ha alegado que no recuerda sentirse apremiada para hacer las encuestas ni cómo fue capaz de realizar 1.000 llamadas en apenas unos diez días.

La cuñada de Silva ha indicado también que no conocía al alto funcionario Francisco G.O. antes de trabajar en Imesapi, empresa en la que, ha dicho, entregó un currículum al tener conocimiento de que necesitaban reforzar el personal.

Una licenciada en sociología a quien el juzgado de instrucción encargó un informe pericial sobre las encuestas investigadas en la causa ha declarado en sala que éstas fueron encargadas por el Ayuntamiento de Vigo a precios por encima del valor de mercado y que además carecían del "rigor metodológico" mínimamente exigible.

Cuatro trabajadoras de Imesapi que coincidieron con Vanesa F.B. en los cinco años que aquella estuvo contratada en esta concesionaria también han declarado hoy como testigos.

Una de ellas, la actual presidenta de la Federación de asociaciones de vecinos Eduardo Chao, María Pérez, ha relatado que tuvo un enfrentamiento verbal con la cuñada de Silva porque, según ha dicho, se negaba a realizar las funciones encomendadas, y que aquella le espetó: "no sabes quién soy yo".

A partir de ahí, ha dicho, fue llamada a capítulo por el concejal del Ayuntamiento de Vigo David Regades.

Las otras tres, actualmente trabajadoras municipales tras ganar un pleito al Ayuntamiento, han dicho que no tuvieron queja de la actitud de Vanesa F.B., a la que apenas vieron unos días en los respectivos centros cívicos de los que son responsables.