El alcalde de la localidad coruñesa de Coristanco, Antonio Pensado (PP), reconoce, en declaraciones a EFE, que busca demostrar que "las cosas se hicieron bien" ante una nueva denuncia de la Secretaría del Ayuntamiento a la Fiscalía tras su imputación por malversación, fraude, prevaricación y tráfico de influencias.
El regidor de este municipio de A Costa da Morte ha revelado hoy una nueva denuncia que ha hecho la Secretaría del Ayuntamiento ante el fiscal en la que habla "de adjudicaciones de obras" y sobre la que se muestra sorprendido: "No lo entiendo", ha asegurado.
"Se va a esclarecer toda la verdad y voy a cumplir con mi obligación, demostrar que las cosas se hicieron bien", ha argumentado, y ha añadido que es "una persona legal" y por eso busca que "se sepa la verdad".
La situación comenzó "hace varios años", recuerda, cuando "dos empresas que se dedican al tratamiento de lodo de construcción y residuos urbanos" empezaron a "denunciarse la una a la otra".
"Ahora presentaron dos proyectos aquí, en Coristanco, para montar una planta de tratamiento de residuos, una de ellas lo presentó completo, con toda la documentación, y la otra no cumplió con todos los requisitos", sostiene.
El abogado que presentó la querella de Contendedores Miramontes, Pedro Luis Fernández Pombo, ha relatado que a su cliente "nunca se le comunicó desde el Ayuntamiento que faltase algún documento" cuando solicitó la licencia para iniciar la construcción de la planta de tratamiento y "por ley tienen que notificarlo".
"Mi cliente a día de hoy no tiene constancia ni de que falten ni sobren documentos y todo causa prejuicios a mi cliente por no poder empezar su actividad", ha dicho a Efe el letrado.
Por eso presenta una querella contra el alcalde, como máximo responsable, y contra todas las personas que hayan actuado en este proceso que, según el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número uno de Carballo, acabarán como imputados.
"Es preciso requerir al Ayuntamiento para que junte las actas de la Junta de Gobierno Local con el fin de determinar los miembros que estuvieron presentes en la aprobación de los distintos acuerdos de adjudicación definitiva. Una vez identificados los miembros de la Junta de Gobierno, se les recibirá declaración como imputados a lo largo del mes de julio", sostiene.
El alcalde, no obstante, afirma que "no es verdad" que los trámites estén completos y por eso publicará todas las gestiones, el recorrido y los trámites que se han dado y se pregunta: "¿Por qué no presenta la documentación que los técnicos le exigen?".
En el auto se explica que se abren dos piezas separadas tras la querella, una sobre las facturas de gasóleo C y la adquisición de una máquina retroexcavadora "por precios muy superiores a los del mercado" y la "recepción por familiares directos del señor alcalde de material de obra facturado al Ayuntamiento".
La otra es por el suministro de material de obras por hasta ocho empresas, entre las que está la querellante, que son: Comercial Dilo, Hormigones Santa Comba, Alquileres Reneymar, Ponciano Nieto, Almacenes Rodríguez, María Carmen Taibo Pose y Almacenes Basalo, Comercial Lantes y Contenedores Miramontes.
"Las citadas empresas facturan importantes cuantías de material al Ayuntamiento, sin que conste contrato de suministro ni que esté claro su destino, pues muchas coinciden con fechas en las que los contratos de obra adjudicados, para los que podría precisarse el citado material, se estaban ejecutando", detalla el auto al que ha tenido acceso Efe.
En general, se investigan los delitos de prevaricación y abuso de influencias por un lado y de malversación y/o fraude por el otro, por los que está imputado el alcalde que ya había dicho ayer que espera que "la verdad ponga a cada uno en su sitio" y declarará el 18 de septiembre, cuando llevará toda la documentación con "colaboración máxima".
Pensado reconoce que "se compró esta máquina, pero con una serie de piezas a mayores que aumentan su utilidad", que superaron "todos los filtros legales" y le añaden atribuciones a la compra.
Sobre las otras empresas que reciben un supuesto trato de favor también se presentará "la documentación para demostrar que no es así" y, en cuanto a la compra de gasóleo que se incluye en la causa, explica que se hace desde el Ayuntamiento para cuadrillas de incendios, entre otras cosas, por lo que se buscará dejar clara la legalidad de la situación.