El presidente del Parlament, Roger Torrent, aplazó ayer el pleno de investidura de Jordi Sánchez a la presidencia de la Generalitat previsto para hoy, y denunció una “vulneración de derechos” por parte del Tribunal Supremo, que denegó el permiso al candidato a salir de la cárcel para asistir a la sesión.
En un comunicado, Torrent anunció el aplazamiento sine die del pleno y convocó una Mesa extraordinaria para dar respuesta a la que cree es una “vulneración de derechos del Tribunal Supremo”, después de que el juez Pablo Llarena haya denegado a Sánchez un permiso para acudir al pleno de su investidura.

Reiteración delictiva
Llarena se opuso a excarcelar al numero dos de JxCat, en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid), porque considera que existe riesgo de reiteración delictiva y que, como presidente de la Generalitat, podría quebrantar la Constitución española.

Esta circunstancias llevó a Torrent a cancelar por segunda vez un pleno de investidura de Jordi Sánchez, pues el exlíder de la ANC repetía de candidato a la presidencia de la Generalitat después de que Llarena ya le hubiera denegado su salida de prisión en la primera ocasión.

El nuevo argumento que aportaron tanto la defensa de Sánchez como como Torrent ante Llarena fue la admisión a trámite de la demanda del exlíder de la ANC por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU –que aún no se ha posicionado sobre el fondo del asunto–, lo que no sirvió para variar la posición del instructor.

En concreto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo formado por 18 miembros aún no se pronunciado sobre el fundo de la cuestión, aunque dos de estos miembros pidieron a España que se adoptaran “las medidas necesarias” para garantizar “que pueda ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto” Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Así, Torrent ha denunciado una “vulneración de derechos” por parte del Supremo, por lo que ha convocado una Mesa extraordinaria para mañana por la mañana para dar una respuesta.
Mientras, la portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, sostuvo que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena enviará a la cárcel a cualquier candidato a la investidura de su grupo tras leer los argumentos del auto.

“Ha entrado en el fondo diciendo que sí le puede quitar su derecho político a ser candidato. Se lo quita. Dice que no puede ser presidente (de la Generalitat) porque que es el presidente de nuestro grupo. Entendemos que cualquier candidato de JxCat no puede ser presidente e irá a prisión”, criticó Artadi en una rueda de prensa acompañada del vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament, Josep Costa.

Preguntada por si el siguiente candidato que presentarán será, una vez más, el expresidente Carles Puigdemont, ha respondido que ahora quieren tomar una decisión conjunta con ERC y la CUP, porque se trata del “atentado más grave desde la democracia en Cataluña” y, tras ello, el grupo parlamentario de JxCat acudirá a Berlín a reunirse con Puigdemont.

En este sentido, la diputada de la CUP Maria Sirvent explicó que en la reunión que mantuvo el martes en Berlín con Puigdemont, este les trasladó que “tarde o temprano” tendría que hacerse valer su candidatura.

 “Él entendía que ahora se tenía que pasar por la fase de Jordi Sánchez, pero finalmente tendríamos que hacer valer la soberanía del Parlament”, explicó.