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viernes | 19 abril | 2024
El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto presupuestario de 2023, que incorpora un récord de gasto social para hacer frente a la inflación, sobre todo en pensiones, pero también con medidas como la ampliación de la gratuidad del Cercanías o la extensión de la ayuda por hijos hasta los tres años.
Los futuros Presupuestos de 2023, los terceros de la legislatura, pretenden “acompañar a la sociedad española en un momento de enorme incertidumbre”, destacó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien añadió que la recaudación experimentará un crecimiento del 7,7% que permitirá mantener el objetivo de déficit.
El texto presentado ayer es fruto del acuerdo alcanzado por los socios de Gobierno la pasada madrugada, que incluye una mejora de las prestaciones de desempleo, una subida del Iprem y una ley de familias con más permisos de conciliación.
Una vez que el texto llegue al Congreso de los Diputados, en los próximos días, comenzará la negociación parlamentaria con las formaciones que mostraron “disposición” para ello, aclaró la ministra de Hacienda.
Tal y como se aprobó en julio, el proyecto presupuestario contempla un techo de gasto de 198.211 millones, un 1,1% más y un máximo histórico, incluidos 25.156 millones de fondos europeos.
El Gobierno mantuvo la previsión de déficit para el cierre de 2023 en el 3,9% del PIB, 1,1 puntos por debajo del estimado para 2022, a pesar de que las cuentas llegan en un entorno más adverso del apuntado en julio, cuando se aprobó el techo de gasto.
De hecho, el Ejecutivo revisó a la baja la previsión de crecimiento económico para 2023, hasta el 2,1% —seis décimas menos— y elevó su estimación de deflactor del consumo privado, indicador similar al IPC, hasta el 4,1% (2,9 por ciento en julio).
Como es habitual, el gasto social consumirá la mayor parte del Presupuesto, un total de 266.719 millones (excluidos fondos europeos), lo que supone un máximo histórico y seis de cada diez euros de las futuras cuentas.
Buena parte de este gasto social irá destinado a pensiones, cuya dotación crece un 11,4% para sufragar tanto el aumento de pensionistas como la revalorización de las pensiones con el IPC, que rondará el 8,5 % —el dato definitivo se derivará de la inflación de noviembre—.
Además, por primera vez en trece años, los Presupuestos Generales realizan una aportación al Fondo de reserva de las pensiones de 2.957 millones, procedentes del mecanismo de equidad intergeneracional.
Otras partidas que crecen son el gasto en personal —un 6,6%, para incorporar la subida salarial de los empleados públicos, del 2,5% fijo y 1% variable—, educación (6,6% más), sanidad (6,7%), vivienda (5,4%), infraestructuras (6,7%) o dependencia.
Una de las partidas más polémicas por el rechazo de Unidas Podemos fue la del gasto en defensa, que aumenta un 25% para avanzar en los compromisos alcanzados con la OTAN, a través tanto de la dotación ministerial como de fondos europeos y programas especiales.
Entre las novedades presupuestarias figura la extensión a todo 2023 de la gratuidad de los abonos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, la única medida del paquete de ahorro energético presupuestada, ya que la ampliación del resto —como la rebaja del IVA de la luz o la bonificación del carburante— más allá del 31 de diciembre se decidirá a finales de año.
También se amplía a 2023 el bono alquiler joven, el bono cultural joven, se destinan 260 millones para un programa de alquileres accesibles y se dota la extensión de la ayuda de 100 euros al mes para madres con hijos de cero a tres años a mujeres que hayan cotizado un mes o recibido una prestación contributiva o asistencia, una medida que recogerá la ley de familias.
Los Presupuestos consignan unos ingresos no financieros de 307.445 millones, un 6% más, con una recaudación tributaria récord de 262.781 millones, un 7,7% más, y un fuerte crecimiento de los ingresos por IRPF (7,7%), impuesto de sociedades (7,7%) e IVA (5,9%).
El Gobierno ya avanzó la pasada semana su paquete fiscal, con bonificaciones del IRPF para rentas inferiores a 21.000 euros, aumento para las rentas de capital de más de 200.000 euros, una rebaja del impuesto de sociedades para micropymes o una bajada del IVA a los productos de higiene íntima femenina.
Estas medidas fiscales se complementan con otras no incluidas en los Presupuestos como el nuevo impuesto a las grandes fortunas, la limitación de las compensaciones de pérdidas en los grupos empresariales o los gravámenes para grandes energéticas y bancos.
Tras la presentación, no tardaron en llegar las reacciones. Mientras PP, Vox y Cs se desmarcaron de los Presupuestos aprobados ayer y descartan que haya margen para negociar, los socios de investidura del Ejecutivo ven opciones de mejora en las cuentas que pactaron PSOE y Unidas Podemos, aunque hayan quedado fuera demandas importantes para la izquierda.
Pese a no haber contentado del todo a la parte morada del Gobierno, éste dio luz verde a un proyecto de Presupuestos que esta semana entra en el Congreso.
Entre los grupos que sostienen al Ejecutivo hay bastante consenso en que las cuentas suenan bien pero todos reclamaron su cuota de participación en el trámite parlamentario para que se atiendan sus demandas, recordando al Gobierno que no tiene mayoría suficiente para aprobar los presupuestos.
En la derecha las críticas subieron el tono. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “antisociales” las cuentas desde el punto de vista de las rentas medias y bajas que son las que soportan la carga fiscal.
