11º-16º
viernes | 3 mayo | 2024
Solo un día después de que el PP y Vox anunciasen un "principio de acuerdo firme" para gobernar en coalición en la Comunidad Valenciana, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha puesto este miércoles el contrapunto en Murcia al excluir a los de Santiago Abascal de la Mesa del Parlamento regional.
Una decisión que el presidente de Vox Murcia, José Ángel Antelo, ha interpretado inmediatamente como que "Génova ha decidido que en la Región de Murcia hay que ir a elecciones".
"El PP acaba de demostrar que quiere una convocatoria de elecciones", ha subrayado Antelo visiblemente enfadado, aunque a la vez ha asegurado que su partido mantiene "la mano tendida" hacia el PP y ha garantizado que los pactos en ayuntamientos siguen adelante.
La misma "mano tendida" que ha ofrecido a pesar de todo el portavoz parlamentario del PP murciano, Joaquín Segado, que ha afirmado que "cuando llegue el momento de negociar" la investidura de Fernando López Miras, se verá "cuáles son las condiciones de cada cuál".
Desde el PP insisten en que no es extrapolable la negociación en Murcia con la que el partido está llevando a cabo en otras comunidades, dado que allí han rozado la mayoría absoluta y logrado el tercer mejor resultado a nivel nacional.
Mientras la situación se tensa en Murcia, en Valencia el PP y Vox han mantenido este miércoles su primera reunión para avanzar en el desarrollo del pacto de gobierno, aunque sin hablar aún de la estructura del Ejecutivo autonómico, si bien el futuro president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha indicado que Educación y Sanidad son "claves" para el PP y que tiene pensada una persona para la primera.
También ha avanzado que una de sus primeras medidas en materia educativa será eliminar la Oficina de Derechos Lingüísticos creada por el Gobierno del PSOE-Compromís-Unides Podem en 2017, a la que se ha referido como "Oficina de Policía Lingüística".
El pacto en la Comunidad Valenciana ha sido criticado hoy de nuevo desde el PSOE y, entre las varias reacciones en las filas socialistas, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del partido, María Jesús Montero, ha afeado al PP que "lejos de una línea roja", está poniendo a Vox "una alfombra roja" para gobernar juntos, lo que significa en su opinión que ambos partidos comparten "ticket electoral".
Una crítica a la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha replicado diciendo que el PSOE no tiene "ninguna legitimidad para dar lecciones" a su partido después de haber pactado con independentistas y con Bildu el Gobierno de España.
Entre tanto, cuando solo restan tres días para la constitución de los ayuntamientos el próximo sábado, PP y Vox siguen anunciando acuerdos, como el de hoy en Burgos, donde la candidata popular, Cristina Ayala, se convertiría en la alcaldesa, y el representante de la formación de Abascal Fernando Martínez Acitores, sería el vicealcalde.
Ambos partidos han cerrado también sus primeros pactos en Asturias —Tineo— y Cantabria —Santa Cruz de Bezana—, mientras el PP ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos para arrebatar al PSOE el Ayuntamiento toledano de La Guardia.
Al conocer la noticia, Podemos ha asegurado que expulsará a sus tres concejales si finalmente firman el pacto de gobierno con el PP.
El goteo de pactos atañe también al resto de partidos. En Las Palmas de Gran Canaria, el PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos han cerrado un acuerdo para gobernar en coalición cuatro años más con la exministra socialista Carolina Darias como alcaldesa, y en Deba (Gipuzkoa), la plataforma Elkarrekin Orain Deba, vinculada a Podemos, ha alcanzado un pacto con el PNV que desplazará de la Alcaldía a EH Bildu.
En Cataluña, lo que dos días después de las elecciones municipales eran llamamientos a recoser la unidad independentista se ha convertido, dos semanas más tarde, en una nueva guerra abierta entre ERC y JxCat, a raíz de los pactos con el PSC en ayuntamientos y diputaciones.
El detonante del nuevo enfrentamiento público -hoy en el pleno del Parlament- ha sido el pacto entre ERC y PSC en las diputaciones de Lleida y Tarragona, cuya presidencia quedará en manos republicanas.
