Pedro Antonio Sánchez será juzgado por fraude y prevaricación en el caso Auditorio

El expresidente del Gobierno de Murcia Pedro Antonio Sánchez será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de la región por un delito continuado de prevaricación y dos de fraude en la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras (Murcia) en su etapa de alcalde de la población.
En un auto notificado a las partes, el magistrado instructor, Julián Pérez Templado, acuerda la conclusión de las diligencias previas del caso Auditorio que investiga el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del centro cultural.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, a la vista de las actuaciones remitidas por el juzgado de Instrucción de Lorca, y una vez practicadas las diligencias necesarias, Pérez Templado ordena la continuación del proceso contra Pedro Antonio Sánchez, en su entonces condición de alcalde, por prevaricación continuada, fraude en la obtención de subvenciones, y prevaricación o fraude de fondos públicos.
En su auto, el juez incluye en el procedimiento abreviado que comienza ahora, y que conducirá al juicio oral, al arquitecto autor del proyecto, Martín Lejarraga, y al constructor Vicente Gimeno.
Sobreseimiento 
Por el contrario, decreta el sobreseimiento para otros 18 investigados, entre los que se encuentra antiguos integrantes de la corporación local que presidió Sánchez cuando se convocó el concurso de obras, y también la que era entonces secretaria accidental del ayuntamiento, la interventora y el arquitecto técnico.
El magistrado ha dado diez días de plazo al fiscal, a las demás acusaciones que están personadas en las diligencias y a las defensas para que formulen escritos de acusación o reclamen el sobreseimiento de la causa.
Igualmente, deja abierta la posibilidad de que las partes puedan proponer la práctica de aquellas diligencias complementarias que consideren indispensables para formular la acusación.
Según el juez, Pedro Antonio Sánchez no tenía autorización de la comunidad autónoma “ni para cambiar el emplazamiento del auditorio ni para hacer una serie de construcciones no previstas”, con la consecuencia de dejar el edificio a medias, y añade que en su declaración judicial “no tiene empacho alguno de afirmar que no se terminó la obra porque se acabó el dinero; lo que está clarísimo es que así fue, pero por causa de hacer más allá de lo que estaba previsto”.
Comenta también el auto que “el resultado fue injusto, pues si se hubiera terminado el auditorio, incluso en un lugar distinto, estaríamos ante ese tipo de irregularidades administrativas sin trascendencia delictiva”.
Pero de inmediato, el instructor añade que “el problema penal es que no se terminó y que, además, se hicieron determinadas maniobras en un intento de justificar lo injustificable”.
Reclamación 
Por su parte, los portavoces parlamentarios del PSOE, Rafael González Tovar; Ciudadanos, Miguel Sánchez; y Podemos, Oscar Urralburu, en la Asamblea Regional de Murcia pidieron al expresidente que entregue su acta de diputado.
“Debe dejar el acta de diputado, dar la cara y enfrentarse al juicio oral sin ampararse en ningún privilegio político ni en el aforamiento”, dijo González Tovar, que pidió al PP que “empiece a ofrecer algún gesto de regeneración. l