El día después de que la UCO entrara en Ferraz para investigar los correos del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ministros socialistas ven “fuerte” al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez, y reivindican la dignidad de ser socialista, mientras sus socios toman posiciones ante la crisis abierta.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, garantizó este sábado que Pedro Sánchez, “está fuerte”, que “tiene muy claro lo que tiene que hacer” y que “va a seguir haciendo mejor a este país combatiendo la corrupción”.

“Tengamos la certeza de que esto es el PSOE y aquí no se pasa ni una y aquí el que la hace la paga y aquí se pide la cabeza del que la hace”, a diferencia de la derecha, subrayó López, en la misma línea en que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que aseguró que su partido no tiene miedo de lo que le pueda pasar “a tres sinvergüenzas” cuya actitud “repugna”.

Otros dirigentes socialistas esperan medidas “duras, claras, contundentes y concisas” por parte de Sánchez, como el presidente asturiano, Adrián Barbón, o defienden la honestidad del partido y piden a la militancia “fortaleza y coraje” para “recuperar la credibilidad que lógicamente se ha visto afectada” por la corrupción, como la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

“No somos todas iguales” 

Los posicionamientos en los socios empiezan dentro mismo del Gobierno. “No somos todas iguales, la corrupción cero sí existe”, subrayó este sábado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que aludió a que su formación, Sumar, tiene “cinco ministerios limpios” y “un espacio político que ha gobernado y nunca ha robado”. 

Para Díaz, el problema “se llama bipartidismo” y “eso es lo que hay que arreglar”, lo mismo que dijo, ya desde fuera del Gobierno, la líder de Podemos, Ione Belarra.

Navarra, primera ramificación 

La tormenta política se consolidó  este fin de semana también sobre Navarra. Hasta Pamplona fue la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para decir que “el toro de la ley ha empitonado ya a los corruptos” y pedir la dimisión tanto de Pedro Sánchez como de la presidenta foral, la también socialista María Chivite, y la convocatoria de elecciones.

Gamarra opinó que “esto es el inicio de toda una investigación policial y judicial que está destapando el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia española”, y apuntó que “la imagen que representa el sanchismo” es la de la UCO entrando en la sede de Ferraz y en las oficinas de Transportes y Adif.

Con Gamarra coincidió la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, para quien el Gobierno de Navarra “tiene los días contados”.  Ibarrola declaró que Chivite se mantiene “al frente de un Gobierno bajo sospecha que se va desmoronando”, ya que “han caído quienes la han alzado, dirigido y controlado durante toda su trayectoria política”, entre ellos Santos Cerdán. 

Desde Cataluña, el presidente del PP en esta comunidad, Alejandro Fernández, hizo ayer un llamamiento a impulsar “reformas legislativas, reforma constitucional incluida, para blindar la unidad nacional” y para “revertir los desmanes del sanchismo”.

La investigación continúa 

Estas reacciones a la actualidad política se producen mientras la investigación al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán se abre camino en el Tribunal Supremo, con el foco en sus cuentas bancarias y su correo corporativo en el partido, y la entrada en el caso de cinco empresarios bajo la sospecha del pago de mordidas por obra pública.

También, mientras los socios parlamentarios del presidente del Gobierno piden al Ejecutivo y al PSOE que pasen de los gestos a los hechos ante el avance del caso Koldo.

Y entre tanto, en ciudades como la malagueña Alhaurín de la Torre, la sede del PSOE fue vandalizada con pintadas contra el presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez.

Plan de regeneración

En este contexto, Sumar y sus partidos aliados comenzaron a recopilar una batería de medidas para reclamar al PSOE de cara a desplegar un plan de regeneración, que permita superar la crisis generada por el caso de presunta corrupción de Santos Cerdán. 

Entre sus propuestas figuran medidas como endurecer los delitos asociados a la corrupción, limitar los aforamientos de cargos públicos, plantear una inhabilitación cautelar en subvenciones y contratos públicos de empresas salpicadas por corrupción o plantear incluso un Ministerio de Buen Gobierno y Transparencia.

Junto al reimpulso de la agenda social, otra de las condiciones que demandó el socio minoritario del Ejecutivo para “resetear la legislatura”, es rearmar la confianza quebrada tras el caso Cerdán con el lanzamiento de medidas anticorrupción.

Izquierda Unida pide penas más altas y expropiación de bienes a corruptos

Esta agenda de regeneración, por un lado, persigue demostrar el compromiso de limpieza de la vida pública del Ejecutivo y, por otro, recomponer la confianza con los socios, que también demandan acciones contundentes en esta parcela. A parte, Sumar y sus partidos coaligados consideran que estas iniciativas son necesarias para reactivar a un electorado progresista, tocado por este caso. 

Por ejemplo, Sumar y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pusieron el foco en aprobar cuanto antes la proposición de ley para la creación de una oficina estatal de prevención contra la corrupción, avanzando que será la iniciativa que lleven al Pleno del Congreso cuando tengan cupo.

También demandaron a su socio de Gobierno emprender las reformas necesarias de cara a limitar los aforamientos, para que quede limitado a la protección de los cargos públicos en lo relativo a la libertad de expresión e impedir que se usen ante acusaciones de corrupción. Unido a ello, reclaman una reforma de la ley de contratos públicos para prohibir que la administración contrate con empresas condenadas por corrupción.

A su vez, IU planteó 35 medidas en las que figura penas más altas a determinados delitos relacionados con corrupción, la expropiación de bienes adquiridos por tramas corruptas y prohibición de indultos ante condenas por estas prácticas irregulares.

Entre sus propuestas figura también la eliminación de la inviolabilidad del monarca recogida en la Constitución, eliminar complementos en los salarios de cargos públicos, acabar con los planes de pensiones privados para ellos y el impulso de una ley integral anticorrupción y la creación de una oficina específica para prevenirla.