La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la retirada inmediata de la medalla al mérito del Trabajo al dictador Francisco Franco y a nueve colaboradores de la represión franquista.
Díaz pidió “disculpas” por el tiempo tardado en retirar estas condecoraciones de un “libro de la infamia” a personas con las “manos manchadas de sangre”. “Nunca más”, añadió Díaz.
En esta primera tanda de medallas retiradas ayer a miembros del aparato represor franquista están, además de Francisco Franco, José Luis Arrese y Magra, José Antonio Girón de Velasco, Cardenal Enrique Pla y Deniel, Juan Yagüe Blanco, José Solís Ruiz, José María Fernández de Ladreda y Menéndez Valdés, Jesús Romero Gorría, Félix Huarte Goñi y José León de Carranza y Gómez Pablos. La retirada, explicó Trabajo en una nota, se hace en cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, apenas seis días después de su entrada en vigor.
Adaptación de la norma
El Consejo de Ministros ya aprobó en febrero un nuevo reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo para permitir, entre otros cambios, retirar las otorgadas a colaboradores de la represión franquista.
La norma permite retirar las medallas “cuando quede acreditado que la conducta y trayectoria de la persona o entidad condecorada sea incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida para la obtención del galardón”.
Estas condecoraciones se crearon en 1926, desaparecieron durante la Segunda República, se reinstauraron en la dictadura y su última regulación databa de 1982.
La nueva regulación adapta la norma a la legislación vigente en materia de memoria histórica, particularmente en relación con los derechos de las víctimas de la dictadura y permitirá que se pueda otorgar a título póstumo.
La ‘ley de nietos’
En relación a la Ley de Memoria Democrática, hay que destacar que la red de embajadas y consulados de España inició una campaña en redes sociales para informar de los requisitos necesarios para adquirir la nacionalidad española en virtud de la nueva ley, de la que se podrán beneficiar a priori miles de descendientes de españoles.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se informó del procedimiento que se ha de seguir, recalcando en todo caso que el plazo será de dos años a contar desde el 21 de octubre, fecha de entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, si bien cabe la posibilidad de una prórroga de un año previa autorización del Consejo de Ministros. La Ley de Memoria Democrática generó mucha expectación sobre todo en América Latina, donde hay una importante comunidad de descendientes de españoles y donde ya se la conoce como ‘ley de nietos’.
Asuntos Exteriores aseguró carecer de estimaciones de cuántas personas podrían solicitar la nacionalidad. Con todo, reforzarán la plantilla de aquellos consulados en los que se prevé una mayor carga de solicitudes.
