La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la jueza que cite "sin más demora", antes del 3 de febrero, a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que declare como investigado por fraude a Hacienda antes del viaje profesional que alegó que iba a realizar a Estados Unidos y México.
La titular del juzgado de instrucción 19 de Madrid suspendió la semana pasada por cuarta vez la comparecencia de este empresario, imputado por fraude fiscal y falsedad, entre otros delitos, y quien todavía no ha declarado desde que se abrió la investigación, en marzo del año pasado.
Ahora, la Fiscalía, que ya reclamó hace unas semanas la declaración de González Amador, ha insistido ante la jueza en la necesidad de interrogarle, al estar próximo a agotarse el plazo de instrucción, en marzo, sobre cuya prórroga la magistrada ha solicitado a las partes informe.
Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el fiscal argumenta en su escrito que si González Amador "ha decidido ausentarse del territorio nacional" entre el 4 y el 12 de febrero, es necesario señalar "sin más demora" su declaración "para una fecha no posterior al 3 de febrero".
Además, añade que no es imprescindible que los otros cuatro empresarios investigados declaren también el mismo día que González Amador, que puede ser citado aparte.
La jueza aceptó citar a González Amador el 7 de febrero una vez que la Fiscalía le instó a que le emplazase a declarar, tras casi un año de causa sin haber escuchado a los investigados.
Sin embargo, González Amador volvió a solicitar la suspensión: alegó que tenía un viaje profesional programado ese día a Estados Unidos y que su abogado tenía un señalamiento judicial previo, y volvió a insistir en que no debía declarar hasta que la Audiencia de Madrid resolviese su recurso contra la ampliación de la investigación.
La magistrada aceptó su petición de cancelar su cita judicial y pidió opinión a las acusaciones sobre su reclamación de no declarar hasta la resolución de la Audiencia y para que informasen de si debía prorrogar la instrucción de la causa principal.
La investigación de esa causa principal a la pareja de Ayuso arrancó en marzo del año pasado por un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre 2020 y 2021 -que su abogado reconoció en su nombre en unos correos para tratar de alcanzar un acuerdo con el fiscal- y falsedad documental.
Meses después, a petición de las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid, la jueza amplió las pesquisas para investigar la presunta utilización de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con Quirón Prevención y el supuesto pago de medio millón de euros a la mujer del presidente de esta sociedad como una posible comisión encubierta.
En su escrito, según las fuentes, la Fiscalía también ha solicitado al juzgado que pida a la Policía que averigüe el paradero de uno de los investigados, Maximiliano E.N., que aún no ha facilitado su domicilio.
Una medida que demanda como paso previo, si fuese necesario, de solicitar otras más contundentes para garantizar que este investigado no eluda la acción de la Justicia o que se revierta tal situación si es que ya se ha producido.
