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viernes | 19 abril | 2024
El pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que permitirá poner topes a los precios del alquiler en zonas tensionadas, tras un debate en el que el Gobierno ha defendido que esta norma supone el quinto pilar del Estado del bienestar y un avance social sin precedentes.
La ley, pactada por el Ejecutivo de coalición con ERC y EH Bildu, se ha aprobado con 176 síes, 167 noes y una abstención, correspondientes al apoyo del PSOE, UP, ERC, Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe, la abstención del BNG y el voto en contra del PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, CUP, Coalición Canaria, UPN y el PNV, que ha cambiado su voto a última hora y ha abierto la puerta a un posible recurso del Gobierno vasco ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial.
El texto, que según los partidos de la derecha solo beneficia a los okupas, pasará ahora al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva a mediados de mayo.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que el Gobierno autonómico va a cumplir la futura ley de vivienda estatal, aunque no le gusta y aún tendrá que analizar si presenta o no un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, ha dicho que pese a las manifestaciones de otros presidentes autonómicos, algunos de su propio partido, en Galicia se cumplen "siempre las leyes" y, por lo tanto, "si se aprueba la ley no hay otra que cumplirla", al mismo tiempo que, si se estima oportuno, "recurrirla", ha apostillado.
Así se ha pronunciado momentos antes de que el pleno del Congreso diera luz verde al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que permitirá poner topes a los precios del alquiler en zonas tensionadas, para su paso al Senado donde continuará la tramitación.
Según ha explicado Rueda, "es muy difícil" saber ahora si el Gobierno gallego va a recurrir la ley porque no conoce el texto, aunque algunas cosas ya le gustan "poco" porque "tiene bastante de irreal", ha criticado.
Por eso, la Xunta esperará a conocer el texto definitivo para "analizar" si interponer un recurso o no, y también conocer el "margen de maniobra" que da a las comunidades autónomas, algo en lo que cree que existe "confusión".
De hecho, considera que puede haber "margen de decisión", dentro de no incumplir la ley, para aplicar o no ciertas medidas, que no sea de aplicación obligatoria.
Pero, en cualquier caso, "incumplimientos de ley, por lo menos en Galicia, no", ha aseverado.
