El juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE fraudulentos acogió ayer la declaración de un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien ratificó un atestado del que fue instructor y en el que se concluye que el sistema de concesión de estas ayudas “era conocido” por el Consejo de Gobierno.
Así, explicó que llegan a esa conclusión en base a unos elementos, refiriéndose a las declaraciones en fase de instrucción del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, a los informes de la Intervención, cuyo contenido y destinatarios están regulados –entre ellos los consejeros de Economía y Hacienda y la consejería de adscripción del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y posterior de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)–. También apuntó a la participación de los miembros del Consejo de Gobierno en las fichas presupuestarias y las modificaciones presupuestarias. Igualmente, según recordó, Fernández en su declaración dijo que el sistema fue tratado en los “consejillos” de viceconsejeros de la Junta y presididos por el entonces consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, quien estaba “presente” cuando fue “tratado y objeto de debate”.

Fondos públicos
El paso de IFA/IDEA de Empleo a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en 2004 supone que “entraban en juego dos consejerías, no es solo Empleo”. Aseguró que, desde un punto de vista policial, el reiterado incumplimiento de implementación de medidas por parte de IFA/IDEA “hubiese requerido de un informe de cumplimiento de la Intervención General”, pues, a su juicio, “hay menoscabo de fondos públicos” en el procedimiento de concesión de ayudas investigado.
Tras el análisis de ayudas individuales y de todo el procedimiento específico de concesión de ayudas, en base al convenio marco de 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo e IFA por el que este pagaba las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con el dinero allegado al instituto a través de las transferencias de financiación con cargo al programa 31L, el agente aseguró que “se daban con una falta total de procedimiento desde el punto de vista administrativo en la gestión de las ayudas”.
Así, enumeró elementos “irregulares” que se encuentran en los informes de la Guardia Civil como “la falta de competencia” del director general de Trabajo para conceder las ayudas, “la falta de solicitud” por parte de los trabajadores o “la no justificación” de las mismas.
“No encontramos norma reguladora para la concesión de las ayudas sociolaborales o a empresas”, aseguró el agente, así como que tampoco encontraron estudios de mercado para elegir a las aseguradoras con las que se firmaban las pólizas para el pago de las ayudas, resaltando que se pagaban comisiones “muy por encima del precio de mercado” y “la Junta debió velar por el buen uso de los fondos públicos”.
Sobre la presencia de intrusos, el comandante afirmó que “nos llamó la atención” las relaciones “familiares” o la “afinidad al PSOE” de estos, apuntando casos de familiares del “conseguidor” de los ERE Juan Lanzas, del exchófer de Francisco Javier Guerrero, del propio exdirector general de Trabajo, de exconcejal del PSOE en Camas (Sevilla), del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas o de las secretarias de Guerrero. l