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domingo | 28 abril | 2024
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió ayer que “por primera vez en democracia”, España cuenta con una ley de vivienda que va a permitir “mejorar la vida” de los ciudadanos.
Díaz recordó que el principal problema de España es el desempleo y el segundo problema, la vivienda, y subrayó que los trabajadores con salarios muy moderados tienen “un enorme problema y es que no pueden pagar el arrendamiento en muchas ciudades”. “Por primera vez tenemos una Ley de Vivienda que convierte la vivienda en un derecho”, indicó la vicepresidenta, apuntando que la norma regula además los precios del arrendamiento en las zonas tensionadas.
Asimismo, según agregó, “por primera vez también dirimimos quien es un gran tenedor y disponemos de un parque público de viviendas, dando satisfacción al alquiler social”. “Siendo conscientes de que quedan muchas cosas que mejorar, nuestro país es hoy sustancialmente mejor”, dijo.
Yolanda Díaz manifestó que desconoce las enmiendas que se formularon al texto por parte de los grupos político, e insistió en que hay que “poner en valor que España es hoy un país más europeo porque por fin se aborda uno de los principales problemas” de la ciudadanía.
El Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) se posicionó ayer en contra de la ley por considerarla una medida “populista” que “generará mayor inseguridad y desconfianza en el mercado inmobiliario”, según manifestó en un comunicado.
“Se presenta como una ley pensada para los ciudadanos y defensora de los consumidores, pero nos encontramos con un texto ineficaz que se olvida del propietario”, señalaron desde Coapi, denunciando que se revierta al arrendador el pago de los honorarios de las inmobiliarias.
Estas organizaciones consideran que la nueva definición de gran tenedor es “equivocada” y que desvirtúa la finalidad reguladora de este concepto, y apuntaron que más de 72.000 particulares pasarán a ser grandes propietarios según la nueva ley.
“La responsabilidad social de las personas con un patrimonio inmobiliario superior al de la media debe estar basada en su mayor aporte fiscal”, añadieron.
