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sábado | 20 abril | 2024
El Gobierno propuso ayer que las familias que se encuentran en el “umbral de la exclusión”, que tengan a todos sus miembros en paro y hayan agotado su prestación por desempleo, puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda, lo que se conoce como “dación en pago”.
Además, el Ejecutivo español propuso que las familias que se encuentren en la anterior situación también puedan salvarse del desahucio, mientras que se mostró partidario de que se permita un período de carencia para que aquellas a las que se ha embargado el inmueble puedan seguir ocupándolo “un tiempo prudencial” de al menos dos años. Esta medida podría ser también prorrogable.
“Un período de carencia durante el que el desahuciado tendría que pagar una renta justa a la entidad”, añadió el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien presentó ayer en el Congreso un conjunto de medidas normativas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completa con un código de buenas prácticas que adoptarán las entidades de forma voluntaria.
No obstante, el Gobierno propone un incentivo para las entidades, que sería la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido por la dación en pago.
Dichas medidas normativas, que deberán ser analizadas con los sectores afectados, incluyen también la definición del colectivo que se incluye en el umbral de exclusión social, en el que se encuentran las familias con todos sus miembros en paro y cuya vivienda que sea objeto de ejecución sea la primera y única residencia.
Por su parte, la banca española mostró ayer su compromiso para analizar con la Administración medidas que permitan mitigar la situación de las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, y evitar la ejecución y el desahucio de la vivienda. No obstante, dijo que es necesario subrayar que cualquier reforma del marco normativo se haga “con mucho cuidado para no introducir distorsiones en un mercado hipotecario que ha funcionado históricamente bien y ha servido para financiar la vivienda a 85 por ciento de las familias españolas”.
Mientras, la organización de consumidores Facua calificó de “inaceptable” que en lugar de poner en marcha cambios regulatorios “de envergadura”, el Gobierno anuncie “leves retoques y presente como medida estrella un código de buenas prácticas con el sector financiero, que no será de obligado cumplimiento”.
