miércoles 2/12/20

El problema de las ocupaciones ilegales que no parece tocar techo todavía

Desde que en mayo de 2018 se cerrara la casa okupa de A Insumisa, la ocupación ha dejado de convertirse en A Coruña en una forma de protesta política para convertirse en una expresión de marginalidad. Peleas, problemas de convivencia, salubridad o inseguridad suelen acompañar a este fenómeno que va en aumento 
Agentes de la Policía Nacional impidieron en septiembre del año pasado una nueva ocupación del inmueble situado entre en la esquina de la ronda de Nelle con la calle de San Jaime
Agentes de la Policía Nacional impidieron en septiembre del año pasado una nueva ocupación del inmueble situado entre en la esquina de la ronda de Nelle con la calle de San Jaime

En los últimos años, el fenómeno de la ocupación ha cambiado radicalmente, pasando de ser una forma de protesta política anticapitalista y/o anarquista a convertirse en una forma de acceder a la vivienda para los sujetos en riesgo de exclusión social. Estos individuos escogen edificios que llevan largo tiempo abandonados para instalarse y a menudo crean problemas de convivencia, de inseguridad (por las peleas e incendios) o sanitarios, puesto que los inmuebles carecen de los servicios básicos.

Aunque la ocupación siempre ha existido, los expertos consultados coinciden en señalar que el alza en los precios de la vivienda está potenciando este fenómeno. Los edificios ocupados pueden ser el producto de promociones fallidas por el estallido de la crisis inmobiliaria, pero más a menudo se trata de viejos edificios de cuatro o cinco pisos, construidos durante los 70. 

El arquitecto Plácido Lizancos, director del equipo de investigación Empty Coruña, un proyecto que estudió la situación de la vivienda relacionada con la marginalidad. explica que “una parte de los edificios que están ocupados se corresponden a fincas de esa edad porque el hecho de que están situados en áreas de oportunidad porque sus antiguos propietarios o porque los dejaron  porque eran disfuncionales”.

Es decir, que a medida que se hicieron mayores, los residentes anteriores abandonaron estos edificios que no tenían ascensor, además de otras barreras. Al estar sin reformar y sin garaje, perdieron atractivo. Los propietarios perdieron interés en ellos al no existir la posibilidad de sacarles beneficio. “Se trata del mismo problema de siempre: gente sin casas, casas sin gente”, denuncia Plácido Lizancos. 

Antonio Vázquez, abogado experto en la lucha contra los ­desahucios, señala que existen tres clases de ocupación que conviene distinguir: la política, protagonizada por okupas, la de quien lo hace por necesidad, y que muchas veces vive en la marginalidad, y la de los que lo hacen como negocio, apropiándose de pisos para alquilarlos a terceros, “algo rechazable”. Según Vázquez, lo determinante son los medios económicos de los que se dispongan. Incluso entre los inmigrantes irregulares, el sector de la población con más dificultades para acceder al empleo, existen bolsas de trabajo clandestino del que se aprovechan. Esto ocurre en el sector del servicio doméstico, por ejemplo. Eso les permite pagar un alojamiento: “La ocupación no es lo más habitual, sino una habitación en un piso patera”. 

Por su parte, Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica, señalaba hace menos de un año que existe un “submercado marginal de realquiler, alejado de unos estándares mínimos de normalidad, donde las personas permanecen en un submundo paralelo a la sociedad normalizada”. El 22% de los usuarios de la Cocina Económica recurría a esta solución, que es la que impide que la ocupación no haya crecido más. Desde esta entidad consideran que solo el 5% de las personas que atienden escoge esta forma de alojamiento. 

Incidentes graves
Como la ocupación de inmuebles abandonados está asociada muchas veces a la marginalidad, no es sorprendente que generen molestias en el vecindario, pero rara vez sobrepasan los límites de los problemas de convivencia. Sin embargo, en los últimos años han tenido lugar en la ciudad algunos  delitos muy graves relacionados con la ocupación, normalmente   disputas entre ellos. 

El más importante tuvo lugar en junio de 2016, en una casa de Monte Alto, donde un hombre que vivía en la indigencia fue apaleado hasta la muerte por su casero y compañero de piso, un hombre de etnia gitana. Un tercer individuo, de nacionalidad marroquí, explicó que el presunto homicida consumía drogas, tomaba medicación y que, además, sufría ataques de ira. Les había alquilado a ambos una habitación en el edificio donde vivía de forma ilegal, y habían convivido durante meses. El detonante había sido una discusión sobre quién iba a buscar agua a la fuente. 

En 2017, se produjo en otra casa okupada por dos individuos un apuñalamiento. Habían invitado a otro sujeto, también en situación de marginalidad a su vivienda y discutieron. Parece ser que trataron de hacerse con el dinero de su cheque del paro y consiguieron clavarle un destornillador antes de que huyera. Uno de los sujetos fue ya condenado y el otro será juzgado la semana que viene. Pero el caso más reciente tuvo lugar en diciembre el año pasado, en el número 29 de la avenida de Peruleiro donde se registró una pelea a botellazos entre unos jóvenes marroquíes.

Conviene recalcar que no todos los edificios ocupados generan problemas. Por ejemplo, en la calle de la Paz, varias personas llevan viviendo en una promoción fallida, propiedad de la Sareb, desde años. Los vecinos aseguran que no causan ninguna molestia, pero como la entidad bancaria desea vender el inmueble, en abril del año pasado inició un procedimiento de desalojo.  

No es un caso frecuente. Como suelen ocupar edificios viejos, sin ningún valor, los dueños no están dispuestos a comenzar ningún largo proceso administrativo para expulsarlos. Sí se ha dado en algunos casos: en diciembre de 2017 se llegó a expulsar (después de años) a un clan de más de 50 de rumanos que se habían apropiado de una casa en el cruce de la ronda de Nelle con la calle de San Jaime,

A día de hoy, el edificio ocupado con más residentes del que se tiene noticia se halla en la calle de José Baldomir, en Agra do Orzán, donde se calcula que hay 25 personas residiendo en el número 16. La asociación de vecinos del barrio ya protestó ante el Ayuntamiento. Lizancos denuncia lo que considera un fallo de la sociedad y pide una acción conjunta: “Cualquier enfermedad urbanística, si no se resuelve, se agrava y deriva en otras enfermedades”.

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