Desde que el 22 de marzo la Policía Nacional tomara el antiguo internado de Santa Gema, en Palavea, después de casi tres años siendo la sede del movimiento okupa, el colectivo ha permanecido inactivo, sin que haya habido intentos de reabrir el “Centro Social Okupado” en otro edificio abandonado. Sin embargo, las consecuencias de esos días agitados, en los que las protestas y manifestaciones fueron la tónica dominante, se hacen sentir ahora: de momento, la Subdelegación de Gobierno ha cursado nueve multas a personas que acudieron a manifestaciones, sanciones que van de los 300 a los 450 euros, según medios afines al colectivo okupa.
La mayoría de las denuncias corresponde a la protesta que llevaron a cabo el 17 de marzo, cuando recibieron la orden de desalojo. Ese día cortaron hasta en dos ocasiones la carretera de Vilaboa, que pasa por delante de la entrada principal del antiguo internado sin que les disuadiera el fuerte dispositivo policial que se montó en respuesta. Un grupo de jóvenes incluso llegó a subirse al tejado para bajarse los pantalones y mostrar el culo a la tripulación del helicóptero que sobrevolaba la zona.
Pero las sanciones no aluden a ningún caso de nudismo, sino que se dirigen a seis manifestantes que estaban a ras de suelo, en el corte de la carretera, sosteniendo pancartas y gritando consignas megáfono en mano. Son ellos a los que las autoridades consideran los organizadores de las protesta que, como no recibió la autorización pertinente, era ilegal, lo que viola la ley orgánica de seguridad ciudadana. Estas mismas fuentes señalan errores en el atestado, como la afirmación que coreaban “Si te abren la cabeza, jódete”, en referencia a los disturbios del 22M, en el que varios policías fueron heridos. Como esos sucesos tuvieron cinco días después de la protesta frente al antiguo internado de Santa Gema.

organizador
Durante los últimos días han seguido llegando sanciones a las personas que la Policía identificó como integrantes de esta y otras manifestaciones. Por ahora, la multa de mayor cuantía es de 450 euros, y corresponde al que las investigaciones consideran el organizador de la protesta que tuvo lugar el 29 de marzo en el Obelisco, siete días después de que la Policía entrara en el antiguo internado para descubrir que los okupas lo habían desalojado.
El sujeto en cuestión fue considerado como el “máximo dirigente” porque los agentes observaron que las “identificado como el máximo dirigente de la manifestación”, basándose en que los demás participantes estuvieron esperando sin desplegar pancartas ni entonar cánticos hasta su llegada. Además, según la Policía, era él que dirigía la manifestación.
Fuentes del colectivo okupa señalan que en ningún momento los agentes pidieron el DNI a nadie, y que los que sostenían la pancarta central, incluido el supuesto líder, iban encapuchados, una práctica habitual precisamente para evitar sanciones. n