La recuperación de la antigua prisión provincial para uso público era uno de los objetivos que se marcó la Marea Atlántica en su programa electoral de 2015, pero la realidad es que solo durante unos meses hubo actividades en una pequeña parte del espacio y el asunto se encuentra en el juzgado.

En agosto del año pasado el Ayuntamiento dio por hecha la reapertura de la cárcel, cuyos usos serían gestionados por Proxecto Cárcere en la reducida zona en la que se daban las condiciones de seguridad apropiadas para ello. 

Proxecto Cárcere realizó actividades durante cuatro meses en la parte de la prisión que se pudo habilitar

El acondicionamiento total del recinto se descartó después de que en las actuaciones de reforma se evidenciase que el estado era mucho peor del previsto inicialmente. El Gobierno municipal invirtió 184.659 euros en llevar a cabo una serie de trabajos de mantenimiento y reforma del espacio.

En el informe de fin de obra se explicó que algunas actuaciones no se pudieron efectuar “al no haber sido posible el acceso de los trabajadores a la cubierta en condiciones de seguridad”. Además, el estado en el que se encuentran las instalaciones “era peor que el considerado en el proyecto” que se les encargó y concluyeron que no podían descartar nuevos desperfectos.

Proxecto Cárcere llevó a cabo algunas actividades esporádicamente hasta que el mes pasado el Gobierno local decretó que debían poner fin a ello. En el fondo de la cuestión, reside el hecho de que no se estaría comunicado de manera apropiada los actos realizados dentro de la cárcel.

Poco más de cuatro meses y solo una reducida área de la cárcel fue lo que se recuperó de la antigua prisión provincial. Ahora coincide la ausencia de las actividades con el final de la cesión de la cárcel por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), dependiente del Ministerio de Interior, al Gobierno local, que duró dos años y con un uso parcial durante una sexta parte del período concedido.

El alcalde explicó antes de ayer que se están llevando a cabo negociaciones con el SIEP para que se produzca una nueva cesión. 

En este caso el objetivo del Gobierno local es que este “préstamo” sea a largo plazo, de manera que se pueda establecer un proyecto más estable para el recinto.
Esta es una de las cuestiones más importantes que planea sobre el futuro de la cárcel. La otra es el proceso judicial que existe en torno a la cesión del espacio por parte del Ayuntamiento a Proxecto Cárcere.

Críticas
La llamada de la jueza a Claudia Delso a declarar por la cesión de la cárcel estuvo acompañada de fuertes críticas de la oposición por la gestión del Gobierno municipal de esta cuestión a lo largo del mandato. 

Esta formaciones de la corporación también recordaron que el espacio se encuentra de nuevo en desuso después de los meses en los que hubo actividades a cargo de Proxecto Cárcere.

“Estamos a favor de rehabilitar la cárcel pero en condiciones y no como se hizo. Nos ha costado muchos euros a los coruñeses en estudios y reformas parciales”, explicó la portavoz del PP, Rosa Gallego.

Por su parte, la líder del BNG, Avia Veira, indicó que en su formación lo que “preocupa é que o cárcere está hoxe pechado, abandonado, caendo por anacos e camiño da ruína”.