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jueves | 25 abril | 2024
Todo lo que rodea a la Casa Cornide parece repetirse en el tiempo: los pasos a dar en su incoación como BIC, los anuncios sobre la demanda para recuperar el inmueble al patrimonio público e incluso su puesta a la venta.
En este último caso, al igual que ocurrió en verano de 2020, esta semana un portal inmobiliario listaba la Casa Cornide como a la venta, llegando incluso la inmobiliaria a poner un valor estimado, de 3,5 millones de euros.
Y, como no, esto ha llamado la atención de propios y extraños. No solo por lo rocambolesco de la situación, sino porque personajes de relevancia se han interesado por la situación.
Este es el caso del músico británico-español James Rhodes, que en las últimas horas bromeaba con la posibilidad de adquirir el inmueble para convertirlo en un espacio cultural.
“Me gustaría mucho comprar esa casa y convertirla en un espacio para conciertos, exposiciones de arte, una librería y cosas bonitas”, comentaba el pianista antes de cuestionarse si “¿sería eso malo?”.
No se quedó ahí y anticipó el envío de un correo electrónico a la inmobiliaria para consultar la posibilidad. Pero el asunto, según lo que publica en sus redes, no llegó a buen puerto: “Se sentía más como un negocio de drogas”, a lo que añadía que el precio, sin entrar en muchos detalles, sobrepasaría los dos millones de euros.
Esta misma semana, la alcaldesa, Inés Rey, urgía a la Xunta a finalizar el proceso para la declaración como BIC de la Casa Cornide, ya que aseguró que alguno de los informes relacionados con este procedimiento facilitaría la demanda para recuperar el inmueble.
Los trabajos para llevar a cabo esta demanda comenzaron a finales de 2020, en el mes de diciembre. No llegó a cumplirse un año, en noviembre de 2021, para que desde María Pita aseguraran que la demanda estaría lista en diciembre de ese año, algo que no ocurrió.
Entretanto, se logró comenzar el proceso de incoación de BIC, a finales de mayo de 2021, lo que otorgó a la Casa Cornide de dos años de protección.
Este resguardo, tal y como se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en el momento de iniciar el procedimiento, se centra principalmente en su protección cultural, con el objetivo de que no pierda valor y no se puedan dañar ninguno de sus elementos. No obstante, no impide su transmisión, sino que solo la limita a que sea informada a la consellería.
