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viernes | 17 mayo | 2024
La jueza del juzgado número 1 de la Corte Regional de Manila, Tita Bughao Alisuag, ha tomado la decisión de trasladar a la cárcel municipal de Manila a los tres policía acusados de la muerte del coruñés Diego Bello. Esta medida, solicitada hace meses por la familia del fallecido a través de sus abogados, se hizo efectiva el pasado 11 de octubre, día del inicio del juicio contra los acusados por asesinato y manipulación de la escena del crimen.
El capitán Vicente Panuelos y los sargentos Nido Boy Esmeralda y Roel Pazo Azarcon, quienes permanecían arrestados en la sede de la Policía Nacional de Filipinas, compartirán espacio ahora con presos comunes, en la que está considerada una de las cárceles más superpobladas del mundo, donde los reclusos conviven hacinados.
La portavoz de la plataforma Xustiza para Diego, Rebeca Díaz Gestal, reconocer estar "muy contenta" por la decisión de la jueza, "que asumió la causa hace apenas un mes y ha sido absolutamente sensible a esta petición de traslado que se había solicitado desde la detención de los acusados del asesinato de Diego. Celebramos que estén donde tienen que estar, que es junto al resto de asesinos". La representante de la plataforma confía en que todo el proceso siga en la misma dirección y que "desde hoy los acusados empiecen a sentir que cae sobre ellos todo el peso de la ley".
Diego Bello fue abatido a tiros en la población de General Luna, en la isla de Siargao, en la madrugada del 8 de enero de 2020. Según el informe policial, Bello estaba considerado el narcotraficante número uno de la isla. Las investigaciones, tanto de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR) y del National Bureau of Investigation (NBI) -Policía Judicial de Filipinas-, demostraron que dicha operación fue un montaje cuyo único objetivo era el asesinato del empresario coruñés. Las citadas investigaciones, así como los testimonios bajo juramento de diferentes testigos, desmontaron las declaraciones de los policías que había reconocido disparar a Diego Bello en legítima defensa.
Los acusados permanecían en una prisión militar desde febrero de 2023, cuando se entregaron en Manila, después de estar huidos de la justicia durante diez meses. Sobre ellos pesan las acusaciones de asesinato y alteración de pruebas. Dicha entrega fue objeto de una numerosa rueda de prensa del ministro de Justicia filipino, Jesús C. Remulla, con la insólita presencia en la misma de los tres policías acusados del asesinato de Diego.
