El tráfico de drogas en Monte Alto es un problema crónico. Los narcopisos se extienden como una red por la ciudad que tiene a menudo su epicentro en las viviendas sociales de Los Arcones, en Orillamar y, si detener a los responsables es difícil, meterlos entre rejas aun más: después de diez años de espera, la Audiencia Provincial ha emitido una sentencia por la que no entrarán en prisión, a cambio de reconocerse culpables. La razón: dilaciones indebidas en el proceso.
La proverbial lentitud de la Justicia ha jugado a favor de los traficantes. Aceptaron penas de entre 14 y 10 meses de cárcel (que no cumplirán), así como multas de entre 1.500 y 500 euros por unos hechos que se remontan a 2013. El tribunal acordó la suspensión firme de las condenas con la condición de pagar las indemnizaciones pactadas y no cometer delitos en un plazo de dos años.
Los hechos se remontan a los meses de mayo, junio y julio de 2013. En esa época, la Policía Nacional detectó que una banda estaba traficante con heroína en Monte Alto. Poco a poco, las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), sacaron a la luz el organigrama de la banda. Los acusados participaban en un entramado en el que cada uno de ellos había asumido diferentes funciones. El jefe operaba desde Los Arcones, repartiendo desde allí la heroína a sus cómplices.
Una llamada bastaba para que vinieran a buscar la droga, que repartían en dosis dentro de pajitas de plástico. Una pareja se encargaba de distribuirla por los diferentes puntos de venta y otro individuo recaudaba las ganancias y se las entregaba.
Pinchazos telefónicos
Tras meses de trabajo pinchando los teléfonos de los sospechosos, la Policía Nacional había recabado suficientes pruebas incriminatorias como para actuar. Cuando se enteraron de que iban a entregar un pedido importante, decidieron intervenir: el 5 de julio de 2013, a las dos de la tarde, dos sospechosos fueron abordados en un bar en el cruce de la avenida de Navarra con Orillamar.
Se les incautó la droga, así como dinero en efectivo, y luego se procedió al registro del domicilio de la pareja. Allí encontraron varios móviles que usaban para comunicarse con proveedores y compradores, así como varias pajitas termoselladas. Pero el alijo más importante lo llevaba la mujer: nada menos que 136 pajitas en su vagina, envueltas en un preservativo. Casi al mismo tiempo se detenía a otros dos sospechosos acusados en la calle de Ramón del Cueto, mientras circulaban en un coche y en posesión de 30 pajitas.
Pero quedaba el jefe. Este decidió buscar nuevos empleados, pero usando intermediarios. De nada le sirvió: los investigadores conocían sus métodos y mantenían la vigilancia. Se interceptaron varias entregas de heroína y se detuvieron a varios miembros de la banda.
Finalmente, el 27 de agosto, el juzgado ordenó las últimas cinco detenciones. En una de ellas, dos sospechosos atacaron a los policías que irrumpieron en su casa con barras de aluminio causándoles varias heridas. Todos los sospechosos pasaron a disposición judicial el 30 de agosto. Solo el jefe, que abonó la fianza, pudo salir en libertad.
No ha sido la última gran operación policial en el entorno de Los Arcones de los ultimos diez años. Basta recordar el enorme despliegue que realizó la Policía Nacional en junio de 2018, cuando irrumpió de madrugada en varias de estas viviendas sociales. Se detuvo a 30 personas que, según la Policía, habían
