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miércoles | 24 abril | 2024
Esta semana, agentes de la Policía Nacional detenían a cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL) por supuestos delitos de corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y estafa. Ayer se levantaba el secreto de sumario y los agentes detallaban que existía una presunta red mediante la cual se exigían pagos a quienes quisiesen trabajar en las empresas adjudicatarias de los servicios de limpieza, controlando así los detenidos los procesos de selección de personal.
Precisamente en la jornada de ayer, los cuatro detenidos pasaban a disposición del juzgado de instrucción número 6 de A Coruña, donde se les dejaba en libertad con cargos, con obligación de comparecer en los juzgados cada quince días.
La Policía desprende en su investigación que el secretario general del sindicato, con la cooperación de personas cercanas a él, se habría aprovechado de la posición de fuerza que la entidad sindical tenía en las empresas adjudicatarias de determinados servicios vinculados a la limpieza para lograr beneficios que tildan de “personales e indebidos”.
Fuentes policiales indican que existían varias empresas, administradas en la sombra por esta persona, en las que aparece como testaferro una cooperadora suya, en las que supuestamente se percibían beneficios que solo en el año 2021 superaban el cuarto de millón de euros.
Según apuntan desde el cuerpo policial, las empresas adjudicatarias de los servicios de limpieza habrían cedido los procesos de selección de personal, permitiendo a estas personas tejer una red de familiares, allegados y terceras personas.
De este modo, se estarían exigiendo cantidades de dinero mensuales a pagar por aquellas personas que quisiesen trabajar en estos servicios. Esto parece ser que se convertiría con el tiempo en un requisito obligatorio para trabajar en las mismas, como una “mordida”.
En caso de no acceder, se les negaría el acceso al empleo. Igual que si ya se estaba dentro y no se continuaban efectuando los pagos, motivo que, presuntamente servía para esgrimir toda clase de pretextos para despedir a esas personas, según las testificales practicadas.
Gracias a este modus operandi, los detenidos gozaban de un alto nivel de vida, que se desprendía de los automóviles y viviendas de gran valor económico que poseían en su haber. Además, manejaban también grandes cantidades en efectivo.
El operativo policial llegó el pasado miércoles hasta la sede del sindicato, donde se procedía al registro y a la detención de los cuatro individuos. Los registros se sucedieron a continuación.
De este modo, los agentes policiales bloquearon, preventivamente, diversas propiedades inmobiliarias (siete fincas urbanas y otras dos rústicas, por valor de más de medio millón de euros), así como activos bancarios por valor elevado.
Además, se procedió a la intervención de dinero en efectivo (45.000 euros), así como seis vehículos de alta gama, teléfonos móviles y material informático.
También se intervinieron dos armas detonadoras, junto a nueve decenas de cartuchos y una imitación de una placa policial.
En el momento que se supo el paso a disposición judicial de los detenidos, la alcaldesa, Inés Rey, fue cuestionada al respecto, al igual que en jornadas anteriores. La regidora volvió a apuntar que no haría declaraciones y pidió dejar “actuar á Xustiza”.
