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miércoles | 24 abril | 2024
Cuando todo indica que se está a punto de entrar en una crisis causada por una inflación desbocada, y que 2023 será un año plagado de dificultades, la ciudad de A Coruña todavía se está librando de los esqueletos de las obras que se paralizaron a consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Es un proceso que nadie sabe cuánto tardará en completarse, aunque este mes se ha dado un paso más al solicitar una promotora una licencia para 19 viviendas y rematar así el edificio del número 17-19 de la calle de la Sagrada Familia, que llevaba años en estado de abandono
De esta manera, el barrio se libra del último de sus esqueletos, después de que se reanudara la actividad en la ronda de Nelle, en el número 69, a finales del año pasado. Ahora, este edificio de 50 viviendas, que durante años fue una fuente de molestias para los vecinos, que tenían que soportar todo tipo de molestias como incendios causados por los sintecho o por los mosquitos que criaban en el agua estancada en el sótano, está a punto de finalizarse, tras haber sido adaptado a la normativa vigente.
No todos correrán el mismo destino. Por ejemplo, en agosto se conocía el dictamen del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), sobre el número 22 de la plaza de Padre Rubinos, cerca de la confluencia de las calles de la avenida de Arteixo y la ronda de Outeiro: la demolición. El edificio sustituyó a otro de cinco plantas que se demolió en 2007, pero creció en varias plantas más (bajo + entreplanta, más siete plantas de piso + planta bajo cubierta), lo que lo hizo encumbrarse por encima del resto de los inmuebles de la plaza y según la sentencia (que no es firme), lo convirtió en ilegalizable.
Normalmente, eso implica empezar de cero con un nuevo proyecto, tras haber demolido esa estructura de hormigón, pero la mayoría han conseguido una nueva licencia de construcción y han reanudado la actividad, mientras que otros todavía están envueltos en procedimientos legales que parecen no tener fin.
Según fuentes del Ayuntamiento, a comienzos de este año subsistían cinco grandes obras paralizadas en la ciudad. Tres de ellas consiguieron una licencia (el número 69 de la ronda de Nelle entre ellos) recuperaron la actividad. El cuarto, en Los Rosales, recibió la aprobación de su estudio de detalle por la Junta de gobierno local en junio.
El caso más grave que persiste en la ciudad es el número 376 de la avenida de Finisterre, empantanado en un complejo proceso judicial que se arrastra desde hace años y que, por el momento, no tiene visos de solución. Efectivamente, A Fontenova consta de 134 pisos y dos locales construidos en un 25%. Dos de los bloques estaban prácticamente acabado, mientras que otros dos son solo esqueletos, pero el primero es el que más ha sufrido los problemas relacionados con el abandono. Hace diez años, cuando los chabolistas expulsados de Penamoa ocuparon masivamente el edificio terminado, y fue necesario una operación policial a gran escala para expulsarlos de allí y luego sellar las entradas
Otro edificio conocido por los casos de okupación aunque a menor escala, se encuentra en el barrio periférico de Palavea: el bloque de viviendas de Epamar, que también ha generado problemas. El Gobierno local aseguró este mismo mes al BNG que todavía continúan las negociaciones que mantiene desde más de un año con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el “banco malo”.
El Ayuntamiento pretendía que la Sareb le cediera los 52 pisos de los que se componen estos bloques para convertirlas en viviendas sociales, pero la Sareb argumentó que no era propietaria del inmueble del barrio coruñés, sino solo del préstamo, y que el juzgado había ordenado la subasta de las viviendas. A día de hoy, la cuestión todavía no se ha resuelto y la okupación continúa siendo un problema periódicamente en este barrio.
