El juzgado falla que el Ayuntamiento no tenía derecho a intervenir Nostián

Una vista de las instalaciones de la planta de reciclaje de Nostián, en Bens | quintana

En diciembre de 2019, meses antes de que estallara la pandemia, el Ayuntamiento decidió intervenir temporalmente la concesión de la planta de tratamiento de basuras de Nostián para garantizar los puestos de trabajo y la gestión del servicio, después que la concesionaria, Albada, anunciara un ERE porque había decidido no prestar servicio al Consorcio de As Mariñas, por considerar que no era rentable. La intervención duró más de un año, durante el cual Nostián siguió funcionando, pero la empresa acudió a los tribunales, concretamente al Juzgado Número ocho de lo Contencioso Administrativo, que el viernes día tres de este mes falló que el Ayuntamiento infringió la ley.

El quid de la cuestión es que el contrato que firmó en 1998 liga a la UTE Albada con el Ayuntamiento de A Coruña, y solo con este, según se señala en la sentencia: “La obligación contraída por Albada frente al Ayuntamiento (...) se refiere, exclusivamente, a la prestación del servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos “en el término municipal de A Coruña”, y solo el incumplimiento grave de esta obligación puede dar lugar a la intervención. Las decisiones de Albada que afecten al cumplimiento de los acuerdos que hubiera podido mantener con terceros no puede considerarse afecten, con alcance jurídico, el contenido del contrato celebrado con el Ayuntamiento”.

Es la postura que había mantenido la UTE desde el principio del conflicto y ahora la ley le otorga la razón. “Por todo ello ha de estimarse el recurso en cuanto a la nulidad de intervención por no existir un incumplimiento grave del Convenio suscrito entre la UTE Albada y el Ayuntamiento de A Coruña”.



Estimación parcial


Pero hay que tener en cuenta que el fallo solo estima parcialmente el recurso de la UTE Albada: sí, considera nula la resolución del 26 de diciembre de 2019 por el cual el Ayuntamiento secuestraba la planta, pero acepta la decisión del Gobierno de Inés Rey del 27 de noviembre, sobre la prórroga del contrato de concesión administrativa.

Hay que aclarar que el contrato caducó hace más de dos años, y la UTE Albada sigue prestando el servicio mientras se redacta un pliego de condiciones nuevo. 

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