Pilar Pérez Álvarez, cofundadora y portavoz en A Coruña de la Asociación de propietarios de vivienda contra la inseguridad jurídica (Aprovij) lleva cinco años soportando a una morosa en un piso de su propiedad en Os Mallos. Su marido se la había alquilado a una mujer y, al morir aquel, esta dejó de pagar, alegando que el trato lo tenía con el fallecido. Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 4 ha dejado sin efecto la suspensión acordada el 26 de abril de 2021, por lo que finalmente se celebrará el juicio en el que Pérez intentará recuperar su vivienda Su abogado afirma que es la primera vez que se ha alzado una suspensión de este tipo, lo que puede llevar a un cambio jurisprudencial.

En el año 2020 la justicia reconoció el derecho de Pilar con una orden de desahucio, pero se paralizó tras la entrada en vigor del Real Decreto ley 11/2020 que impide los desalojos si la persona ocupante es considerada vulnerable. La inquilina solicitó esa condición, y la obtuvo.

 Sin embargo, Pilar y su abogado, Xaime da Pena, insisten en que esa supuesta vulnerabilidad se sostiene con alfileres: la mujer ha rechazado varias propuestas de vivienda social lo que desmonta por completo su argumento. En base a esto, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de A Coruña, ha alzado la suspensión del procedimiento, ya que, tras el examen de la documentación aprecian que la situación de vulnerabilidad ha desaparecido. 

La vista se celebrará el cinco de mayo, y Pilar, espera acabar con este sufrimiento y poder recuperar de una vez por todas su vivienda. En palabras de Da Pena, "la okupa utiliza como argumento la vulnerabilidad, pero aquí la vulnerable es mi representada". Pilar no solo ha perdido el control sobre su vivienda, sino también su tranquilidad, su salud emocional y su estabilidad económica. Este caso pone de manifiesto una realidad incómoda: cuando las leyes que buscan proteger a los más frágiles terminan dejando sin protección a quienes no tienen otro patrimonio que una vivienda, y ningún ingreso más allá de una pensión.