Durante el Gobierno de Inés Rey, el número de puestos que se cubren en comisión de servicios no ha dejado de aumentar hasta llegar a cerca de 250. Esta figura debe emplearse cuando hay necesidad urgente de cubrir una vacante, pero miembros de la Junta de Personal consideran que se ha estado utilizando de forma sistemática para cubrir los puestos “a dedo”, sin abrir un concurso como es habitual. Ayer, la Fiscalía anunció que abre diligencias previas por un presunto delito de prevaricación administrativa por una denuncia de la CIG. Eso significa que el juez de instrucción abrirá una investigación.
Esta afectará al concejal de Hacienda, portavoz municipal y teniente de alcaldesa de Economía, José Manuel Lage. Auténtico hombre fuerte del Gobierno de Inés Rey, Lage concentra gran parte de la toma de decisiones. Ha estado al frente de la comisión negociadora del grupo municipal del PSOE que ha pactado con el BNG los presupuestos de 2024 y también ha llevado las negociaciones con la Junta de Personal.
Aunque la comisión de servicio siempre ha sido usada por los sucesivos gobiernos locales, no ha dejado de crecer en los últimos años. Según las cifras facilitadas por la propia CIG, durante el bipartito PSOE-BNG (2006-2011) había solo 25 personas en esta situación. En el Gobierno del popular Carlos Negreira se dio un gran salto, llegando hasta 71. Es decir, que casi lo triplicó. Con la Marea Atlántica de Xulio Ferreiro, la cifra apenas creció: llegó a 79.
Pero ha sido con el Gobierno de Inés Rey cuando la cifra se ha disparado, triplicándose de nuevo, como ya hizo en tiempos de PP. En el mandato pasado fueron 210 y solo este año, de mayo a esta parte, han sido 40. Eso supone más del 15% de la plantilla municipal ronda los 1.560, de los que cerca de 360 son policías locales, cuyos puestos no pueden cubrirse en comisión de servicio. “Se ha convertido en la herramienta ordinaria de recursos humanos para repartir puestos de trabajos de forma arbitraria”, comentan fuentes internas del Ayuntamiento.
Ana Filgueiras, secretaria de la CIG en el Ayuntamiento, señala que su sindicato ha denunciado varias irregularidades por parte del Gobierno local y, además continuadas en el tiempo: “A xente que leva moito tempo no Concello nunca viu unha política de xestión de persoal tan deficiente”. Los problemas no se limitan al abuso de la figura de comisión de servicio, señala Filgueiras, que denuncia concursos sin resolver, y procesos de selección sobre los que recae la sospecha de ‘enchufismo’, además de ignorar las sentencias que les han sido desfavorables en los juzgados
Contencioso-administrativo
Sobre este particular, conviene destacar que el Gobierno local ha acumulado una serie de reveses judiciales en los juicios por lo contencioso-administrativo causados por las denuncias que han presentado tanto sindicatos como la CIG, como particulares que se consideran perjudicados por los procesos de selección de personal en los que el resultado no estaba suficientemente motivado. Por ejemplo, en el proceso ordinario que permitió que la actual concejala de Seguridad Ciudadana, Montserrat Paz, se convirtiera en jefa de servicio de esta área y que obligó a Lage a acudir al juzgado a declarar.
Poco antes, se había pronunciado otra sentencia que anulaba el nombramiento de tres directoras de unidad de Servicios Sociales. El Ayuntamiento ha recurrido los fallos en su contra sin mucha suerte, pero no siempre ha cumplido dichas sentencias, lo que genera aún más malestar entre los que consideran que no se están respetando los debidos procedimientos y que se actúa de manera arbitraria.
