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domingo | 28 abril | 2024
La familia del coruñés Diego Bello, asesinado por la policía filipina en la isla de Siargao el 8 de enero de 2020, muestra en un comunicado emitido este miércoles su "profunda preocupación" ante la vista que tendrá lugar el próximo lunes, 7 de agosto, en la que los tres agentes acusados por la Fiscalía filipina podrían quedar en libertad bajo fianza. Los allegados del fallecido, agrupados bajo la plataforma Xustiza Para Diego, anuncian que los abogados de la defensa de los policías Vicente Panuelos, Roel Azarcón y Nido Boy Cortez conocerán el lunes si su petición de puesta en libertad bajo fianza es admitida por el juzgado de Dapa, encargado del caso.
Los familiares temen que, de otorgarse esta libertad, el proceso pueda dilatarse en el tiempo o, incluso, que "jamás llegue a celebrarse". Según dispone la Ley Penal filipina, cualquier acusado de un delito de asesinato debe permanecer en prisión hasta que se dicte la sentencia correspondiente, sin la posibilidad de que estos puedan quedar en libertad bajo fianza. Por esta razón, la familia Bello expresa su perplejidad por la posibilidad de que los acusados puedan salir de prisión sin que aún se conozca la fecha y la ubicación final del juicio y espera que, tanto el Gobierno español como la instituciones europeas, mantengan su vigilancia sobre este caso.
Diego Bello Lafuente fue abatido a tiros por la Policía Nacional de Filipinas en la población de General Luna, en la isla de Siargao, en la madrugada del 8 de enero de 2020. Según el informe policial, Bello estaba considerado el narcotraficante número uno de la isla. Las investigaciones, tanto de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas (CHR) y del National Bureau of Invetigation (NBI) -Policía Judicial de Filipinas-, demostraron que dicha operación fue un montaje cuyo único objetivo era el asesinato del empresario coruñés.
Las citadas investigaciones, así como los testimonios de testigos, desmontaron las declaraciones de los policías que ya habían reconocido haber disparado a Diego Bello en legítima defensa. Los acusados permanecen en prisión desde febrero de 2023, cuando se entregaron en Manila, después de estar huidos de la Justicia durante diez meses. Sobre ellos pesan las acusaciones de asesinato y alteración de pruebas.
Dicha entrega fue objeto de una numerosa rueda de prensa del ministro de Justicia filipino, Jesús C. Remulla, con la insólita presencia en la misma de los tres policías acusados del asesinato de Diego. La muerte de Diego Bello se enmarca en la llamada Guerra contra las Drogas llevada a cabo por el anterior presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. El gobierno del país asiático reconoce más de seis mil muertes extrajudiciales en este contexto. Según organizaciones de Derechos Humanos esa cifra podría elevarse a los treinta mil, en el periodo comprendido entre 2016 y 2022. El caso de Diego Bello es el único en el que un español y europeo fue asesinado bajo la excusa de la guerra contra las drogas.
La familia de Diego Bello y la Plataforma Xustiza Para Diego exigen al Gobierno y a las autoridades judiciales de Filipinas el estricto cumplimiento de la ley y el esclarecimiento del asesinato de Diego mediante la celebración de un juicio con absolutas garantías. De la misma manera, piden al Gobierno español y a las autoridades de la Unión Europea la estrecha vigilancia para que estas justas reivindicaciones se lleven a cabo.
