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jueves | 25 abril | 2024
La ocupación de las viviendas de San José en el límite con Meicende y junto a la refinería, llegó ayer a su fin después de diez años. Molestos con lo que consideran un trato injusto (“A todos les dan casas y ayudas menos a nosotros”) pero resignados a lo inevitable por la orden de desalojo forzoso, la familia Silva, afincada allí tras la disolución de Penamoa, recogió todos su enseres en una gran furgoneta antes de abandonar la que había sido su casa (y su negocio) durante una década larga. “Ahora se va a dar cuenta la alcaldesa cuando vengan todos los yonquis al centro de A Coruña”, advirtió uno de ellos.
“Nos vamos a apañar con unas tiendas y luego a ver si nos pueden ayudar. En principio, nos gustarían que nos ayudaran: tanto tiempo aquí, y todas las cosas que tenemos... ¿Se nos va a dejar como a un tirado por la calle?”, se preguntan. El Ayuntamiento llevaba desde comienzos de mandato tratando de desalojar a esta familia de estas viviendas ruinosas, que habían ocupado después de que les expulsaran de Penamoa. Algunos de ellos, como el abuelo, Joaquín Silva, llevan cuatro desalojos a sus espaldas. “Nos echaron de Penamoa, nos echaron de Vioño...”, enumera, sentado junto a la estufa. Tanto él como su mujer no gozan de buena salud, y tiene las piernas hinchadas, de manera que se mueven con dificultad, y solo con muletas.
“En Penamoa no nos dieron nada, en Vioño no nos dieron nada –recuerda su nieto–¿Y ahora, tampoco nos van a dar nada?”. “Aquí estamos muy bien. Cuando llegamos, no tenía suelos, se los pusimos nosotros, y pintamos todas las habitaciones”, dice la abuela mientras se desplaza con esfuerzo por la casa que está a punto de abandonar. Afuera, el patio está lleno de barro y escombros y alberga una especie de bungalows donde la gente se pinchaba, y donde aún quedaban muchas jeringuillas. Pero el interior de la casa es una vivienda corriente, humilde, aunque abarrotada de objetos curiosos, como un Papa Noel sin cabeza, que han ido acumulando a lo largo de los años. Se lo llevaban todo en carretillas o en bolsas de basura, bajo la mirada de los agentes municipales. Penamoa otra vez.
Los Silva habían demorado aquel momento todo lo posible presentando recurso tras recurso. A principios de diciembre habían recibido la orden de desalojo forzoso del juez. Creyeron que se podría ignorar por un defecto de forma, así que esperaron hasta el último momento. Alrededor de las ocho de la mañana, se presentó el primer furgón de la Policía Local y estacionó frente a la reja que cerraba la puerta principal, protegida por un candado. Jaime Silva llamó a su abogado, y este le confirmó que no había nada que hacer: mejor no resistirse.
De hecho, en días anteriores ya habían comenzado la mudanza, retirando algunos objetos, ante la perspectiva de que el desalojo se llevaría a cabo de un modo u otro. Silva lo lamenta: “Es triste, porque llevamos diez años. Tenemos recuerdos aquí. Pasó lo mismo en Penamoa”. En realidad, el proceso había comenzado mucho antes: hace más de veinte años que los sucesivos gobiernos locales quieren derribar estas casas ruinosas para mejorar la conexión con Meicende, incluso antes de que se transformaran en un punto de venta de droga. Sin embargo, el proceso se había eternizado por las dificultades inherentes a encontrar a todos los propietarios de unas casas. El Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 2012 ya indicaba la expropiación de las fincas, y los dueños no pusieron pegas, porque los Silva acababan de mudarse allí, y suponían un problema.
Para Jaime Silva, sacar a sus padres, ambos con problemas de salud de su casa, sin darles una alternativa, es indignante, sea la vivienda un punto de venta de droga o no. “Nunca nos han dado ninguna opción, ningún piso ni ningún alquiler ni nada”, protesta. Sus padres no se quedarán en la calle, porque él se encargará de encontrar un piso, pero considera que les habrían tratado mejor si no fueran de etnia gitana. En cuanto a las drogas, San José ha sido el escenario de varias espectaculares redadas de la Policía nacional, en la que han llegado a detener a varias personas, pero nada ha servido para paralizar el tráfico de heroína.
Silva señala que derribar la vivienda tampoco servirá de nada, puesto que hay puntos de venta en el casco urbano. O será peor. “Mira en Os Mallos, en la ronda. Espera a que los niños con las madres en los parques vean como se ponen a fumar y a pincharse en los cajeros”, advierten los afectados mientras recogían.
De hecho, los vecinos de Os Mallos se organizaron durante el año pasado en una plataforma que luego se escindió, y que protestaba por el aumento del trapicheo de drogas en el barrio. Para los Silva, actuaciones como esta no hacen si no empeorar las cosas. “Más que se van a enfadar en Os Mallos. El doble”, advierten. Aunque eso quiere decir que se trasladen allí. Por otro lado, otros reconocen el estado precario de las viviendas, que llevaban años abandonadas antes de que los Silva llegaran de Penamoa. “Estábamos un día hablando aquí mismo y vimos como se caía una pared. Esto es peligroso”, señalaba uno de los que habían acudido a ayudar a la mudanza.
Poco después de que los Silva abandonaran el lugar, una pala excavadora derribó el muro, pero las obras de demolición se prolongarán todavía mucho tiempo. La empresa constructora tiene 45 días para urbanizar el terreno y ensanchará la calzada, dado que en ese punto la avenida de Finisterre se estrecha, formando un cuello de botella. Además, tendrán que instalar canalizaciones eléctricas. Pero antes que nada, retirarán el tejado, para asegurarse de que nadie vuelva a ocuparlas aprovechando un descuido.
Más tarde, se procederá a la demolición en sí, que se realizará por la noche para no estorbar el tráfico, que es bastante intenso entre el polígono de Meicende y el de A Grela. Eso significa que, a finales de febrero no quedará nada ya de unas ruinas a donde acudían los toxicómanos de toda la ciudad a comprar y consumir heroína en unas condiciones que la Policía Nacional calificó en 2018 de “deplorables, con suciedad y humedad”.
Al punto de venta de droga le sucederá un aparcamiento. La alcaldesa, Inés Rey, había anunciado en septiembre que se construiría un aparcamiento para dar servicio a los trabajadores de A Grela, en el mismo terreno donde se encuentran las casas que se están demoliendo junto a la refinería y en el límite entre A Coruña y Arteixo. Rey había comentado esta novedad durante su comparecencia tras la celebración de la Junta de Gobierno local en la que se aceptó la cesión gratuita por parte de la Xunta de la finca que se encuentra en el número 38 de la calle de San José, una parcela de 486 metros cuadrados.
El proyecto supondrá la regeneración urbana de este espacio y mejorará la movilidad del cercano polígono comercial de A Grela mediante un aparcamiento disuasorio que libere las calles del polígono de coches mal estacionados. De momento, el narcotráfico de viviendas de San José ya no existen y se pone fin al último episodio de Penamoa.
